El sector eólico rechaza la obligación de la Xunta de vender el 50% de su energía a empresas gallegas

La Asociación Eólica Empresarial (AEE) ha expresado su más rotundo rechazo a la propuesta de la Xunta de Galicia de obligar a vender el 50% de la energía generada por instalaciones eólicas a empresas exclusivamente gallegas a través de PPAs.

Así lo ha comunicado el sector eólico, que ha advertido que esta propuesta «va en contra de la legislación del mercado eléctrico de la Unión Europea, de la normativa de competencia y de la Ley del sector eléctrico. Cualquier intervención de un mercado liberalizado es un ataque a los derechos fundamentales que rigen en la propia comunidad autónoma gallega, en España y Europa».

Inestabilidad para las empresas

Desde la asociación se destaca que Galicia necesita «estabilidad regulatoria y seguridad jurídica» y añadiendo que este nuevo anuncio «agrava la situación de inestabilidad para las empresas».

Desde el sector eólico se reclama que impere el sentido común y el respeto a la legislación vigente nacional y europea, reseñando que el «obligar a los promotores eólicos a vender el 50% de su energía a las pymes y empresas gallegas vulnera la normativa de competencia y de libre mercado».

Así mismo, alertan de que esta medida «traería consecuencias negativas para el desarrollo económico de la región, pudiendo incluso incrementar el precio de la electricidad para los consumidores».

Sanciones internacionales

Advierten que si la medida prosperase, implicaría sanciones internacionales y activaría arbitrajes internacionales, y obligaría a romper los contratos que los promotores hubieran firmado ya con consumidores, generando una judicialización en todo el sector.

Otros motivos de este rechazo por parte de la AEE  se centran en que existen empresas que ya tienen toda su energía comprometida mediante PPAs con industriales hasta más allá de 2030, y que «una ley autonómica en ningún caso puede contradecir una ley estatal y mucho menos europea».

El sector muestra su preocupación por la propuesta de la Xunta de Galicia de vender energía a empresas de la comunidad al vulnerar, entre otros, aspectos legales como que la configuración de la generación de energía eléctrica como una actividad liberalizada y libre (artículo 2, ley 24/2013 del sector eléctrico – LSE) y la afectación al principio de libertad de empresa (artículo 38 – Constitución Española). En este punto advierten que «la LSE es una Ley estatal básica».

Vulneración de derechos

Además, alegan que la ley del sector eléctrico establece claramente que los que actúen en el mercado de producción «podrán pactar libremente los términos de los contratos de compraventa de energía eléctrica que suscriban».

Apunta la Asociación Empresarial Eólica que con esta propuesta se «vulnera el derecho a la libertad de establecimiento de acuerdo al Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) al obligar a una empresa que venda el 50% de su electricidad a un conjunto de consumidores determinado».

Para argumentar en contra esta decisión se esgrime que el Preámbulo de la Directiva 2019/944 señala que «sólo un mercado interior plenamente abierto que permita a todos los suministradores abastecer libremente a sus clientes, es compatible con las libertades».

Sin limitaciones ni restricciones

Adicionalmente, inciden en que se infringe el artículo 3.4 de la Directiva 2019/944 en la que se especifica que «los Estados miembros velarán por unas condiciones de competencia equitativas y para que las normas, las tasas y el trato que se aplique a las empresas eléctricas sean transparentes, proporcionados y no discriminatorios».

El sector eólico insiste en que la forma más eficiente y la exigida en Europa para obtener un mejor precio para compradores y vendedores es «con mecanismos de mercado, sin limitaciones, restricciones u orientaciones a determinados consumidores o colectivos».

Para la AEE, los efectos de esta nueva iniciativa de venta de energía de la Xunta sería una distorsión en la fijación de precios del mercado, «lo que terminaría perjudicando a otros consumidores domésticos o industriales. Esta iniciativa, además de paralizar las inversiones en Galicia de los promotores, podría terminar encareciendo la energía eléctrica para un conjunto de la población».

«Expropiación de facto»

Admiten desconocer si las intenciones de la Xunta con esta propuesta es la de aplicar también dicha obligación a los parques existentes, un hecho que si llegase a producirse es calificado como «grave».

El sector eólico avanza en su comunicado que «esta expropiación de facto implicaría una vulneración de la legislación actual y forzaría la ruptura de contratos, aumentaría el precio de la electricidad, activaría demandas de los inversores internacionales generando nuevos arbitrajes, además de las consecuentes sanciones por parte de la Comisión Europea».