Galicia y España, en la encrucijada eólica

El noroeste español fue pionero en la implantación de la energía eólica allá por los años 90, figurando entre los líderes mundiales en el desarrollo de esta nueva tecnología.

Pero llegó el desierto tras el impulso inicial y la proliferación de parques en zonas rurales mejorando sensiblemente las economías locales mediante tributos y tasas municipales, rentas a los propietarios de los montes y empleo cualificado, primero durante la construcción y luego en operación, además de las relevantes obligaciones fiscales con la comunidad autónoma y el Estado.

Se ha hecho mucho menos en los últimos diez años que en los diez anteriores, debido a la inseguridad jurídica en la que nos movemos.

Suspensiones cautelares

En plena transición energética, la década debutó con una pandemia y Rusia invade Ucrania; la Xunta de Galicia decreta una moratoria de año y medio –período en que el registro eólico permaneció cerrado– y, finalmente, la justicia gallega lleva más de un año emitiendo autos de suspensión cautelar para la práctica totalidad de los proyectos que obtuvieron la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Xunta de Galicia.

Conviene aclarar que la DIA obedece a una exigente y garantista legislación, que incluye normativa urbanística, patrimonial y ambiental en sentido amplio. De hecho, los servicios administrativos del Gobierno gallego no otorgaron DIA a la mitad de los proyectos que se presentaron.

Hay ahora mismo unos 4.000 MW, con DIA y permisos de construcción en vigor, sometidos a procesos contenciosos o de suspensión cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), tras la denuncia de plataformas antieólicas que gozan de justicia gratuita.

59 parques suspendidos

Actualmente, hay 59 parques suspendidos, los últimos 7 esta misma semana. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó, el pasado diciembre, la anulación del TSJG del parque coruñés de Corme, dándole el visto bueno.

Es entonces cuando el tribunal gallego plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que cuestiona una ley básica estatal del año 2013, por lo que están inmersos en un proceso contencioso-administrativo sin resolver la práctica totalidad de los proyectos eólicos de Galicia, más de un centenar.

Y mientras tanto, van goteando las suspensiones cautelares citadas, que, por cierto, afectan a las mismas zonas que había aprobado el PP en el gobierno de la Xunta y que ratificó el Bipartito posterior formado por el PSdG-PSOE y el BNG (2006-2009). Es decir, hubo conformidad por parte de los tres partidos que forman el arco parlamentario actual.

Carácter retroactivo

¿Pero cuál es la verdadera dimensión de esta situación? Pues que, al ir en contra de una ley estatal en materia ambiental, se ponen en tela de juicio todas las infraestructuras e instalaciones sujetas a una declaración de impacto (carreteras, vías férreas, explotaciones ganaderas, fábricas de papel, industrias de diverso carácter –siderúrgicas, químicas, extractivas, energéticas–, etcétera) acometidas en todo el territorio español.

Estamos ante una posible invalidación que puede tener incluso carácter retroactivo, si hubiese que revisar las DIAs de los últimos once años, desde que entró en vigor la referida ley estatal. Esta es la auténtica gravedad del tema, que puede acarrear consecuencias tan insospechadas como demoledoras.

Industria verde

Por otra parte, hay al menos 32 proyectos industriales de envergadura que demandarán 8 terawatios/hora (TWh) de electricidad generada por energía renovable de nueva implantación. Esa energía sólo puede ser eólica, ya que la hidráulica está colmada y la fotovoltaica tiene poco desarrollo en Galicia, al menos de momento.

El hecho de que vayan adelante estas importantes propuestas empresariales depende de que continúe y se acelere el desarrollo eólico. Porque todas las empresas y proyectos industriales deben ser verdes, porque de lo contrario no prosperarán. Verde como la energía eólica.

Inversión y empleo

Esa treintena de proyectos traerían consigo alrededor de 6.300 millones de euros de inversión y la creación de unos 14.000 empleos, entre directos e indirectos. Así lo constata el estudio encargado por EGA a la consultora Deloitte, que se hizo público el año pasado. Por si fuese poco, este verano hemos asistido al anuncio de multimillonarias inversiones en otras comunidades autónomas.

Una planta de hidrógeno verde en Andalucía superará los 2.000 millones de dólares y creará abundante empleo de calidad, planta que necesita estar alimentada por nueva energía renovable. Una megarred de datos en Aragón que construirá Amazon se acercará a los 16.000 millones de euros en diez años y anuncian cerca de siete mil empleos.

En Avilés, la gran fábrica de la compañía Windar Renovables es un proyecto prioritario… Entre tanto, en Galicia hemos perdido ocho fábricas de aerogeneradores en los últimos diez años, y ya sólo quedan dos. Estamos en caída libre.

Marasmo judicial

La situación no puede ser más paradójica. Tenemos un recurso renovable y autóctono que nos ofrece excelentes oportunidades de desarrollo industrial, empleo estable y rural, precios baratos para consumidores y competitivos para las empresas electrointensivas, independencia energética, además de atmósfera mucho más limpia al evitar ingentes emisiones de CO₂ contribuyendo así a combatir eficazmente el cambio climático.

Sin embargo, estamos frenados e inmersos en un marasmo judicial que trae consigo retrasos insoportables para los inversores y las tecnologías. Estar parados significa dar marcha atrás.

Delicada y compleja coyuntura

Porque no olvidemos que Galicia está sujeta a la importación del 66 % de combustibles fósiles en el marco de una delicada y compleja coyuntura, descrita no solo por la confusión judicial, sino también por la transición energética y la descarbonización de la economía, un contexto geopolítico de guerra mundial encubierta y dependencia energética, y en plena emergencia climática.

Son todos argumentos tan graves y serios que, unidos a la catástrofe industrial, urgen mucha mayor producción renovable. El año pasado no se instaló ni un solo MW nuevo en Galicia.

A final del ejercicio actual se espera llegar a los 53 MW. En el período 2020-24 solo sumaríamos 135 MW, cuando en 2019 se habían instalado 418. Las cifras de instalación de nueva potencia en los últimos años son demoledoras. Vamos al revés y a contracorriente.

Desplome del consumo eléctrico

Finalmente, hay un dato que es muy representativo de todo este aglomerado de cifras y cantidades en las que nos movemos. El consumo de electricidad, que no de energía, el consumo eléctrico se ha desplomado en Galicia en los últimos cuatro años: un 36 %.

Es un indicador que debería ponernos en alerta máxima. Si la UE y España vienen advirtiendo de la imperiosa necesidad de acelerar el desarrollo renovable, simplificando procedimientos, que no rigor ambiental, en plena electrificación verde de la economía, Galicia va al revés.

Esta es la encrucijada absurda en la que estamos en Galicia, que posee abundante viento de calidad. Una encrucijada que podría contagiar y extenderse al resto de España.

Manuel Pazo Paniagua es presidente de la Asociación Eólica de Galicia