El precio oculto de comerte un huevo: más de 95.000 pollitos macho son sacrificados al día en España

Cada vez que se rompe un huevo en la sartén hay un coste que no aparece en la etiqueta. Más de 95.000 pollitos macho son gaseados o triturados vivos cada día en España, según Igualdad Animal, por una razón puramente económica: la industria del huevo no los considera rentables.

La cifra, que asciende a 35 millones de animales al año, ha vuelto al primer plano después de que la organización entregara este miércoles en el Congreso de los Diputados 100.723 firmas para exigir al Gobierno una prohibición expresa, en un momento en el que buena parte de Europa ya ha vetado esta práctica.

La petición se dirige al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y reclama que España prohíba la matanza de pollitos macho en todo el territorio. También exige que las incubadoras comerciales instalen tecnologías que permitan conocer el sexo del embrión antes de que nazca.

Un descarte sin valor económico

Las gallinas ponedoras proceden de razas seleccionadas genéticamente para producir huevos. Los machos de esas líneas no ponen y tampoco engordan al ritmo que exige el sector cárnico, por lo que, según denuncia la ONG, se convierten en un desecho a las pocas horas de nacer.

El cálculo es tan sencillo como contundente: los 35 millones de pollitos eliminados cada año equivalen a 95.890 animales al día, unos 4.000 cada hora. Un proceso que se repite a diario, de forma sistemática, en las incubadoras comerciales de todo el país.

Los métodos empleados son el gaseado con dióxido de carbono y la trituración de animales vivos. Igualdad Animal recuerda que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) advirtió de que estas técnicas provocan dolor y angustia extremos antes de que los animales pierdan el conocimiento.

330 millones de muertes al año en Europa

El problema desborda las fronteras españolas. En el conjunto del continente se eliminan cada año 330 millones de pollitos macho en sus primeros días de vida, un volumen que convierte esta práctica en uno de los descartes animales más masivos de la industria alimentaria europea.

La raíz está en la propia normativa comunitaria, que no prohíbe la matanza. Una directiva europea permite matar a estos animales siempre que se haga durante sus primeras 72 horas de vida, un margen que, según la ONG, el sector aprovecha para eliminar a los machos nada más salir del cascarón.

Sobre ese vacío legal, la Comisión Europea retiró temporalmente la reforma del bienestar animal de su agenda, lo que llevó a Igualdad Animal a lanzar la campaña UE: Tus retrasos, su sufrimiento. En julio, Bruselas retomó el compromiso en su Estrategia Ganadera, aunque la entidad lo considera una hoja de ruta sin plazos vinculantes.

Los países que ya han dicho basta

Mientras la normativa común se demora, varios socios europeos han optado por legislar por su cuenta. Alemania, Francia, Austria y Luxemburgo ya han prohibido legalmente la matanza de pollitos macho y obligan a la industria a buscar alternativas.

La lista no deja de crecer. Italia se sumará a la prohibición a finales de este 2026 y Países Bajos ultima la suya, con la que calcula salvar unos siete millones de pollitos cada año solo en su territorio, según recogió este periódico tras el anuncio del Gobierno neerlandés.

La legislación comunitaria permite explícitamente a los Estados miembros aplicar normas nacionales más estrictas, recuerda la organización. Con ese argumento, defiende que España puede prohibir la matanza en su territorio sin esperar a Bruselas, igual que han hecho sus vecinos.

Años de promesas sin ley

Igualdad Animal sitúa el origen del retraso en la inacción del Ejecutivo. En marzo de 2020 se reunió con el Ministerio de Agricultura, cuya Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios aseguró que colaboraba con el sector para acabar con la matanza en 2021.

Aquellas promesas se diluyeron, según la organización. En 2022, España escenificó su apoyo a la prohibición en una reunión de la Unión Europea, pero el Ejecutivo no ha dado pasos firmes en su territorio pese a existir alternativas técnicas en el mercado.

En febrero de 2024, la ONG presentó alegaciones al proyecto de real decreto de comercialización de huevos y pidió fijar el fin de la práctica antes del 31 de diciembre de 2026. En octubre de ese año, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1027/2024, que, según denuncia, ignoró esas propuestas.

El Gobierno espera a Bruselas

En junio de 2025, ante una pregunta parlamentaria, el Ejecutivo respondió que prefería esperar a que la Unión Europea mueva ficha antes de adoptar medidas a nivel nacional. Es esa postura la que Igualdad Animal quiere revertir con la entrega de firmas.

La organización sostiene que la demora no tiene justificación cuando un grupo creciente de países del entorno ya ha legislado. Con el respaldo de los más de 100.000 firmantes, pide que España se sume a la iniciativa de Francia, Alemania e Italia en lugar de quedarse a la cola del continente.

Por ello reclama que el Gobierno impulse el uso de las tecnologías disponibles en todas las plantas de incubación, en línea con lo que ya exigen las normativas nacionales de sus vecinos.

La alternativa del sexado in ovo

La solución que defiende la entidad se llama sexado in ovo. Esta tecnología identifica el sexo del embrión en fases tempranas del desarrollo, dentro del propio huevo, e impide que el pollito macho llegue a nacer, de modo que no hay que eliminarlo después.

El sistema permite analizar el contenido del huevo mediante un láser que practica una incisión mínima en la cáscara, de modo que los embriones macho se descartan antes de que el animal llegue a desarrollarse y sentir dolor. Es la misma vía por la que han optado los países que ya han legislado.

Igualdad Animal publicó en 2020 el primer informe técnico detallado sobre la materia en España y lo actualizó en marzo de 2025. Según la entidad, el sistema funciona a escala comercial en Alemania, Francia, Austria y Luxemburgo, prueba de que puede aplicarse en toda la cadena.

Un llamamiento a los partidos

Anna Mulá, gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal en España, instó a todos los partidos a incluir esta medida en sus programas electorales, como reflejo de lo que reclama la ciudadanía.

Mulá defendió que el país no necesita aguardar a una nueva norma comunitaria y que, de hecho, “tiene la oportunidad de impulsarla y liderarla”, situándose por delante de Bruselas en lugar de a remolque.

La entidad asegura que seguirá presionando en las calles, en los despachos y en los tribunales. Mientras el Gobierno decide si legisla y Europa acelera, 95.890 pollitos macho siguen eliminándose cada día en España, según sus datos.