El PSOE de Parla blinda a los ‘okupas’: les ‘regala’ 800 pisos oficiales que habían usurpado
El barrio ideado para familias jóvenes y personas vulnerables del municipio se ha convertido en un infierno
El Ayuntamiento de Parla se ha puesto del lado de los okupas. El Consistorio dirigido por el socialista Ramón Jurado ha puesto solución a la situación de más de 800 personas que habían ocupado las viviendas municipales construidas en la región. ¿Cuál ha sido esta solución? Dar los pisos a los que han entrado de forma ilegal y negar la información sobre los expedientes donde se exponen los criterios por los que han sido «regularizadas» todas estas personas.
Allá por 2010 se aprobó el Plan Municipal que recogía la construcción de varias promociones de vivienda con el fin de ser destinadas a alquileres asequibles para vecinos de la localidad. Sin embargo, antes de que estas viviendas llegasen a sus beneficiarios fueron okupadas. La realidad es que el barrio ideado para familias jóvenes y personas vulnerables del municipio se ha convertido en un infierno: peleas con machetes, tiroteos, tráfico de drogas, heces por las inmediaciones de los edificios…
Y la solución del Ayuntamiento de Parla a esta situación ha sido «regularizar» a estos okupas. El problema de esta mal llamada «regularización» es que el Consistorio ha dado el alquiler a estas personas que entraron ilegalmente a los inmuebles sin tener en cuenta los criterios para la concesión de las viviendas, por lo que a efectos prácticos los okupas se quedan viviendo en estos pisos sólo por el hecho de haberlos ocupado.
Concretamente, en este municipio del sur de Madrid hay tres promociones de estas características: Fuente Arenosa 1, Calle Fuenlabrada 75 y Calle Toledo 15. Desde octubre del pasado año, el Partido Popular ha requerido al Consistorio de Ramón Jurado información sobre los inquilinos de estos inmuebles okupados. Una información que a día de hoy no ha llegado.
Pese al silencio del Ayuntamiento, el principal partido de la oposición ha detectado que estas mal llamadas regularizaciones se han producido de manera constante en las tres urbanizaciones: casi 300 en Fuente Arenosa, 276 en Calle Toledo y más de 150 en el inmueble de Calle Fuenlabrada. De esta forma, el Consistorio de Parla ha entregado a los okupas más de 800 viviendas a las que accedieron de forma ilegal.
Vida «insoportable»
El pasado año, varios vecinos del edificio okupado en la calle Fuente Arenosa número 1 de Parla (Madrid) narraban la situación que viven día a día es «insoportable». Una situación que 365 días después no ha cambiado. Sólo una veintena de inquilinos continúan pagando el alquiler de sus viviendas y algunos relatan la realidad de convivir con okupas: peleas con machetes, tiroteos, tráfico de drogas y heces por todo el bloque. «Nosotros estábamos bien, al principio había gente normal, pero empezó a entrar gente extraña, rompieron puertas, vendían las llaves a los musulmanes, hay prácticamente una colonia musulmana aquí. Ahora venden droga, venden de todo, hacen lo que les da la gana, tiran la basura donde les da la gana, se hacen sus heces en el ascensor…», relata uno de los inquilinos del bloque.
El mismo vecino comenta que también hay «vómitos por las escaleras» y que la situación es «un sinvivir». Éste lamenta que «los españoles que pagamos por contrato, que somos gente formal, gente seria, somos los que tenemos que pasar las lamentaciones». De hecho, insiste en que muchos inquilinos han decido marcharse porque «no aguantan la situación de peleas hasta con machetes». Pero ellos, los que siguen ahí, no pueden irse porque no encuentran un alquiler asequible.
Un octogenario, que vive en el edificio desde 2007, dice que, de los 14 portales que hay, el H «es el más desgraciado, ahí entras a las diez de la noche y hay 200.000 tíos que si toma, que si dame…», asegura el vecino, haciendo hincapié en que es muy habitual el tráfico de drogas y también la violencia. «Hace un par de años rajaron a un chico aquí», relata. Por otro lado, el mismo residente explica que «una mafia» entra en los pisos, se quedan vacíos y se los vende a los musulmanes por 3.000 euros. «Y a esos ya no los pueden echar», afirma.
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