⁠El director general de la Policía con Carmena vulneró los derechos fundamentales de una comisaria

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Ayuntamiento de la capital por vulneración de los derechos fundamentales de la comisaria Rosa García por parte de Andrés Serrano, director general de la Policía Municipal de Madrid por decisión de Manuela Carmena. La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso ha confirmado la sentencia que restituye el honor de esa profesional que durante muchos años fue una de las personas más importantes del cuerpo. Entre otros departamentos, dentro del gabinete de Comunicación, donde era muy querida por todos. Con la llegada de Ahora Madrid al Gobierno municipal fue apartada y condenada al ostracismo. Denunció su nueva adscripción laboral en un nuevo puesto de trabajo que le generó dolencias físicas y psicológicas. Finalmente, el tiempo le da la razón.

Tal como acredita la sentencia primero del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 19 de Madrid y luego el TSJM, el equipo de Policía Municipal nombrado por Carmena provocó un auténtico infierno a esta alto cargo policial. Denunció por vulneración del derecho a la dignidad
de la persona, derecho a la vida, y a la integridad física y moral y los tribunales han fallado a su favor.

La juez María del Mar Coque sentenció: «Debo acordar y acuerdo que el acto administrativo recurrido no es conforme a derecho en su totalidad, y lo debo revocar y revoco en cuanto la adscripción provisional de Rosa María García en el puesto de trabajo de jefe de unidad número 30051479,
habiéndose producido la violación del derecho fundamental esgrimido de conformidad con el artículo 15 de la Constitución. Se efectúa
imposición de las costas causadas en esta instancia a la Administración
recurrida».

La representación legal de Rosa García impugnaba la resolución firmada personalmente por Andrés Serrano por la cual cesaba a la afectada en la Subinspección de la Policía Judicial para pasar a la comisaría del distrito de Moratalaz. Todo ello sin tener en cuenta que por una enfermedad dejó de poder llevar pistola y que era una zona especialmente conflictiva que se situó en el centro de la polémica por grupos de extrema izquierda que organizaban «La Caza del Pijo».

Tras ese primer varapalo al equipo de Gobierno de Manuela Carmena, la Corporación municipal y el concejal de seguridad, Javier Barbero –conocido por su pasado apoyando al movimiento okupa–, decidieron volver a recurrir. Lejos de admitir el fallo judicial, el equipo de Ahora Madrid acudió a la segunda instancia, al TSJM. De nuevo, la Justicia ha respaldado, en una sentencia que hasta ahora no se conocía, a esta comisaria que ha vivido un infierno que ha desembocado finalmente en retirarse del cuerpo.

«Tener constancia en el momento de la toma de la decisión del cese de los informes de aptitud psicofísica laboral de enero de 2016 de Rosa María García determina sin mayor esfuerzo que la adscripción provisional acordada es manifiestamente inadecuada e improcedente, y no alcanzando a determinar causa legal adecuada y ajustada a derecho que la justifique en el ámbito de este procedimiento, y solo se puede concluir con la vulneración del derecho a la integridad moral de Rosa María García Duran», señala la sentencia de primera instancia que se extiende en 27 páginas.

«Hostigamiento»

El fallo cita que meses antes de la purga ejecutada por Andrés Serrano, el Departamento de Salud Laboral del cuerpo concluyó sobre la afectada: «No apta para puesto operativo (trabajo en vía pública). La situación psicofísica de esta trabajadora exige la revisión de los puestos que pudiera ocupar para determinar con exactitud las condiciones laborales de los mismos y su imposibilidad con las patologías que presenta».

«Desde luego la situación de Rosa María García con relación al Consistorio no puede acotarse y limitarse al ámbito laboral, traspasando claramente al ámbito de la integridad moral», afea la juez. «En el hostigamiento se aprecia intención de perjudicar a la trabajadora y en el ejercicio indebido de la actividad directiva prima el interés», agrega.

El TSJM confirma la resolución inicial y profundiza en alusión directa al director de Policía en la era de Carmena: «[Sus decisiones] lejos de ayudar a la conservación y mejora de la salud e integridad de la apelada, claramente le perjudicaban en esos aspectos al encomendársele funciones claramente incompatibles con su estado de salud, incompatibilidad que persistiría incluso con las medidas correctoras a que se alude por la Administración».

Confirma que hubo «vulneración al derecho a la integridad moral, derecho fundamental que protege nuestra Carta Magna junto con, entre otros, el también fundamental derecho a la integridad física». Además, condenan por segunda vez al Ayuntamiento de Madrid, que ya sí dejó de recurrir y optó por no acudir a la tercera instancia, el Tribunal Supremo. En ese punto, la asesora legal de la ex jueza Carmena recibió a la afectada asegurando que no estaba al tanto de su caso. Le preguntó que qué quería. Ella respondió con pesar: «Trabajar». Sin embargo, la travesía por el desierto le ha provocado daños morales irreparables y finalmente se ha apartado del cuerpo.