Yolanda Díaz quiere regularizar a 150.000 hijos de inmigrantes ilegales para que puedan acceder a becas

El Gobierno ha admitido a trámite la propuesta de Yolanda Díaz para regularizar «automáticamente» a los hijos de inmigrantes ilegales para que puedan acceder a las becas educativas. Concretamente, Sumar ha impulsado una Proposición no de Ley para el pleno derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades para el alumnado en situación administrativa irregular, que consiste en «garantizar el acceso al certificado del NIE a todos los menores de edad», independientemente de la situación administrativa de sus padres, con el objetivo de que puedan acceder a ayudas al estudio. Una regularización que, según las cifras que maneja la formación de Díaz, afectaría a más de 154.000 hijos de inmigrantes ilegales.

«El proceso para la escolarización de un menor en situación regular solo requiere rellenar un formulario y presentarlo bien telemáticamente o de manera presencial. El trámite es sumamente sencillo. La realidad es muy diferente para los menores en situación irregular: la ausencia de un permiso de residencia y de un Número de Identidad de Extranjero (NIE) puede impedir su acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas y becas», apunta la propuesta registrada por Sumar.

Desde la formación esgrimen que estas situaciones dificultan a su vez «el pleno desarrollo social del menor, que se ve privado de la participación en excursiones o intercambios educativos por tener restringida su libertad de movimiento». Además, indican que los impedimentos para acceder al sistema de becas y ayudas, incluyendo aquellas relativas a los libros escolares, el acceso a Internet o la educación infantil, significan «un lastre para el aprendizaje».

Para frenar esta situación, Yolanda Díaz propone regularizar de facto a los menores de edad de origen extranjero con progenitores en situación irregular para garantizar su acceso a becas y ayudas al estudio, así como actividades extracurriculares obligatorias. «Garantizar, mediante las modificaciones normativas oportunas, el acceso al certificado del NIE a todos los menores de edad, independientemente de la situación administrativa de sus progenitores», reza la propuesta.

En 2021 había 147.000 niños y niñas menores de 19 años en situación irregular en España, de los que la mitad eran de menos de 10 años, y unos 55.000 menores de cinco años. Según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, a la cifra anterior, se suman los 2.375 menores llegados en 2022 y los 5.151 llegados este pasado 2023. Es decir, la regularización que quiere imponer Yolanda Díaz afectaría a 154.500 hijos de inmigrantes en situación irregular.

Una situación que contrasta con la realidad que viven los españoles, que tienen importantes barreras para acceder a estas ayudas. Así, seis de cada diez del 20% de los hogares con menos recursos de España no reciben ninguna beca -básica, de libros, comedor, transporte o necesidades de apoyo educativo- para sus hijos en Educación Infantil, etapas obligatorias y Bachillerato.

Un estudio publicado por Esade precisa que, como «sólo» cuatro de cada diez de los hogares con menor capacidad económica recibe alguna beca, España «aún está lejos de conseguir una cobertura suficiente para sufragar todos los gastos educativos de las familias con menor renta». En este sentido, señala que, como es de esperar, a medida que el hogar tiene un mayor poder adquisitivo disminuye el porcentaje de hogares con hijos en edad de estudiar que recibe alguna beca.

Aumentar la regularización de ilegales

No es la primera medida de Yolanda Díaz para facilitar la regularización de inmigrantes. Sumar ha lanzado una ofensiva parlamentaria para impulsar las denuncias de malos tratos por parte de los inmigrantes que se encuentran en proceso de deportación. Concretamente, la formación de Yolanda Díaz exige al Gobierno de Pedro Sánchez, del que forman parte, aprobar un protocolo por el cual se paralice la expulsión de los inmigrantes ilegales en caso de que estos denuncien que han sufrido malos tratos en los centros de internamiento de personas extranjeras (CIE).

La formación de Yolanda Díaz justifica esta propuesta en que las quejas y denuncias de malos tratos de las personas privadas de libertad en los centros de internamiento de personas extranjeras, se refieren al temor de que la irregularidad documental en la que se encuentran las personas extranjeras denunciantes de estos malos tratos impida la efectiva investigación de los hechos denunciados.

Además, también censura que la expulsión de las personas extranjeras que han entrado ilegalmente se lleva a cabo sin practicar diligencia anticipada alguna

Por este motivo, Sumar ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a aprobar una instrucción que incluya un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de las personas privadas de libertad en los centros de internamiento de personas extranjeras.

En este protocolo deberá incluirse el principio de realización de una investigación efectiva, la no expulsión de una persona interna mientras se determina si existen indicios de que ha sido víctima de un hecho disciplinariamente reprochable o delictivo, así como la forma de remisión de la información oportuna al juzgado de guardia y al juzgado de control correspondiente, así como al órgano administrativo competente.