Yolanda Díaz exige romper con la empresa israelí que contrató Urtasun por 1,4 millones
Sumar: "Es imprescindible rescindir cualquier contrato con empresas israelíes que operen en España"
Urtasun lo justificó en que tienen la "propiedad exclusiva" y contratar otra empresa conllevaría "costes y disrupciones"
La formación de Yolanda Díaz, Sumar, ha exigido romper con Ex Libris, la empresa israelí de gestión bibliotecaria que el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha contratado para la Biblioteca Nacional de España por 1,4 millones de euros. Así lo expresó el partido magenta en una pregunta parlamentaria en la que no se mencionaba que este software lo utilizara la Biblioteca Nacional, pero sí se aludía a «53 establecimientos» de la «red de bibliotecas del Estado».
Varios representantes del movimiento fundado por la también ministra de Trabajo han presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para conocer la «fecha prevista para que no se continúe con la licencia del programa informático Alma en las bibliotecas públicas del país». En su cuestión parlamentaria, piden «que se rescinda cualquier contrato con empresas israelíes o de capital israelí que operen en España».
La iniciativa está firmada por los diputados de Sumar Félix Alonso, Engracia Rivera, Juan Antonio Valero, Nahuel González, Francisco Sierra y Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista.
A su vez, los políticos de Sumar se interesan por conocer si hay «previsiones acerca de informar a la Fiscalía para que examine las responsabilidades de las empresas participantes en proyectos y negocios en los territorios ocupados que realicen actividades comerciales en España».
Sumar: «Territorio ocupado»
Los políticos de la formación magenta se quejaban de que la empresa israelí tiene su sede en el Malha Technology Park, al sur de Jerusalén, que Sumar define como «territorios ocupados». Y aseguran que allí se elevaba la antigua aldea de Al Maliha y acusan a Israel de haber «limpiado étnicamente» ese enclave junto a otras 500 poblaciones palestinas «para proclamar en 1948 el Estado de Israel».
Sumar apela a una resolución de la Corte Internacional de Justicia en la que se pedía a los Estados que evitaran «mantener, con respecto al Territorio Palestino Ocupado o partes del mismo, relaciones económicas o comerciales con Israel que puedan reforzar la presencia ilegal de este último en dicho territorio».
«Debido a esto, no es posible que se continúe con la licencia del programa informático Alma en las bibliotecas públicas del país, y es imprescindible que se rescinda cualquier contrato con empresas israelíes o de capital israelí que operen en España», argumenta el movimiento político de extrema izquierda.
El partido de Yolanda Díaz y Urtasun lamenta que el software lo esté usando «la red de bibliotecas públicas del Estado» entre las que se incluyen «53 establecimientos, a los que hay que añadir las de titularidad municipal y las universitarias». Ni rastro de la contratación por parte del portavoz del partido, Ernest Urtasun, que ya venía usando esta plataforma desde 2023.
Urtasun contrató a la empresa israelí
Hace apenas unos días, la Biblioteca Nacional de España, dependiente del Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun, contrató a la empresa israelí Ex Libris para utilizar sus programas de gestión bibliotecaria. El contrato asciende a casi 1,4 millones de euros.
La cartera que dirige Ernest Urtasun justifica la adquisición de estos programas para «el servicio de mantenimiento de los datos en la nube y de soporte técnico» para que la Biblioteca Nacional «gestione adecuadamente su colección, junto con todas las tareas asociadas».
Además, argumenta que no podría optar por otra compañía porque el software es «propiedad exclusiva» de la empresa israelí. Y sostiene que, si cambiaran de plataforma, se produciría una «nueva y compleja migración de datos y configuraciones», algo que habían estado haciendo los dos últimos años para adaptarse al software de la empresa israelí. A su vez, justificaban que no puede contratar a otra empresa para esos fines sin incurrir en «consiguientes costes y disrupciones».
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