Urkullu rechaza por carta que las víctimas de ETA reciban ayudas por violación de los derechos humanos

El Gobierno vasco rechaza que las víctimas de ETA puedan ser indemnizadas al amparo de que sus derechos humanos resultaron damnificados. Las víctimas creían haber visto una puerta abierta en ‘Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política’, norma que el Ejecutivo de Íñigo Urkullu ha puesto en marcha para recompensar a las supuestas víctimas de los abusos policiales durante las décadas del combate del Estado contra ETA.

Así se lo ha trasmitido por carta el Ejecutivo del lehendakari Íñigo Urkullu a diversas asociaciones que habían mostrado su intención de acogerse a la normativa.

«Cualquier solicitud de víctimas del terrorismo debe canalizarse en el marco de las leyes aprobadas expresamente para el reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, singularmente a través de la Ley estatal 29/2011 y de la Ley vasca 4/2008», advierte la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, adscrita al departamento de Presidencia del Gobierno vasco, en una carta remitida a varias organizaciones de víctimas y colectivos policiales.

El Ejecutivo de Urkullu despacha así la iniciativa planteada por varias plataformas afectadas por el terrorismo de ETA, que vieron en la controvertida ‘Ley de abusos policiales’ vasca una oportunidad para ver reconocida su condición de víctimas. Estas organizaciones alegan que si la ley busca resarcir a quienes vieron vulnerados sus derechos humanos, los primeros beneficiados por ella deberían ser precisamente las víctimas de la banda terrorista.

«Nos habéis llamado pidiéndonos opinión  y orientación sobre informaciones aparecidas hoy -por el pasado martes-, animando a presentar solicitud de indemnización (…) No consideramos conveniente generar falsas expectativas en el universo de las víctimas ni de sus familias, ni utilizar a las víctimas como instrumento partidario, porque todo ello termina generando revictimización y más sufrimiento», advierte la carta de la Presidencia vasca.

Víctimas de persecución política

Esta interpretación ha sido difundida por varios de estos colectivos que, como publicó OKDIARIO, incluso distribuyeron las instrucciones que debía seguir cualquier persona que haya sufrido «persecución política» en el País Vasco entre 1978 y 1990 para ser reconocido como damnificado. Sin embargo, a la vista de la carta enviada por el Gobierno vasco, la vía de los derechos humanos no es de aplicación a sus casos.

La llamada ‘Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política’ se creó, básicamente, para resarcir a ETA y a sus círculos próximos por el «abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial».

La ley, que fue llevada ante el Tribunal Constitucional por insinuar la existencia de abusos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tuvo que ser ‘parcheada’. Y la redacción resultante de esa revisión dio como resultado un texto tan abierto a interpretaciones que los colectivos de víctimas han recurrido a ella para ser reconocidos como tal por parte del Gobierno del PNV.

La medida, que ha sido acusada de buscar un ‘contrarrelato’ sobre la violencia acontecida en el País Vasco en las últimas décadas, contempla indemnizar con hasta 135.000 euros a quienes se les otorgue la calificación de ‘víctima’. Y para ello, la solicitud debe ser aprobada por una Comisión de Valoración nombrada por el Gobierno vasco. Ese panel incluirá un historiador «especialista en el contexto temporal» que afecta a la ley.