Urkullu paga 130.000 € a la familia de cada etarra muerto por «violencia política»

• Pelayo Barro @pelayobarro
• Periodista de la sección Nacional. Especializado en información de Interior y Defensa.
• • 02/11/2023 06:50
  • Actualizado: 02/11/2023 06:50

El Gobierno vasco de Iñigo Urkullu ha dado luz verde al reparto de ayudas más de un millón de euros a «víctimas de violencia de motivación política» en base a la conocida como ley de abusos policiales; entre los destinatarios de las ayudas, 66 en total, hay alrededor de una treintena de etarras  que resultaron heridos o muertos tras enfrentamientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Uno de los beneficiarios es el etarra Jose Ignacio Joxi Zabala, uno de los primeros muertos relacionados con el GAL, a cuya familia se le indemnizará con 130.000 euros. La comisión vasca que decide estas ayudas, sin embargo, se las ha denegado a cerca de medio millar de agentes de Policía y Guardia Civil heridos o fallecidos por la violencia terrorista de ETA.

La presión de los colectivos de presos de ETA y por parte de EH Bildu ha provocado finalmente que víctimas y verdugos cambien sus papeles en el País Vasco. La polémica ley de abusos policiales articulaba la posibilidad de indemnizar con ayudas económicas a etarras «caídos» en operaciones policiales o heridos durante detenciones. Y esas indemnizaciones van a empezar a ser abonadas en cumplimiento de lo estipulado por la Comisión de Valoración de las víctimas de violencia de motivación política.

1,6 millones para etarras, 0 para víctimas

Esta misma semana, la entidad del Gobierno vasco anunció las primeras ayudas económicas, con una partida presupuestaria total de 1,6 millones de euros. Las víctimas de ETA no verán un euro de ellas, porque como han defendido los integrantes de esta comisión, «los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las víctimas de ETA no pueden ser susceptibles de ser reconocidos o atendidos como víctimas al amparo de esta ley». Alegan que ya «existen otra serie de leyes que les amparan».

En sus argumentos, la Comisión ha ido más allá al establecer «la voluntad de esta norma es amparar aquellas violaciones de derechos humanos que tienen el origen en la intervención de integrantes del funcionariado público o particulares que, de alguna manera, han contado con el apoyo del Estado», alegan en referencia a las ayudas destinadas a etarras fallecidos o heridos.

Ésa es la base con la que se ha denegado el acceso a las ayudas a cerca de 500 agentes de Policía y Guardia Civil que han tratado de demostrar ante la Comunidad Autónoma Vasca que sufrieron acoso, persecución, daño físico y moral, e incluso la muerte, por motivos políticos: los que sustentaban la acción criminal de ETA.  En total, las desestimaciones a solicitudes presentadas por agentes policiales son el 90% del total. El 10% restante son de víctimas del terrorismo y otros casos.

Finalmente, se han concedido 66 de estas ayudas, tras estudiar un total de 133 expedientes a los que habían dado traslado. Entre los beneficiarios hay 9 que resultaron muertas, algunas «por disparos» aunque no se especifica en qué circunstancias. Entre ellos se encuentra José Ignacio Zabala, una de las primeras víctimas del GAL. Se ha limitado el periodo de estudio de casos entre 1978 y 1999.

Quien ha quedado fuera, al menos de momento, es José Antonio Lasa. Murió en las mismas circunstancias de Zabala, aunque su familia presentó la solicitud fuera de plazo. Sin embargo, y pese a que en otros casos se denegó la ayuda alegando esa misma incidencia, en el caso de Lasa el Gobierno vasco considera que se deberá estudiar en profundidad dada la «enorme repercusión social» del caso Lasa y Zabala. Los primeros de una lista de etarras que recibirán estas ayudas.