La UE alerta que Sánchez «no ha mejorado» la independencia de la Oficina de Intereses que le exculpó del ‘caso Begoña’

La Unión Europea ha alertado de que el Gobierno de Pedro Sánchez «no ha mejorado» respecto a las normas sobre conflictos de intereses, entre las que está la independencia de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). Éste es el organismo que exculpó al presidente del Gobierno de los negocios que afectan a su esposa, Begoña Gómez.

La Comisión ha señalado los puntos débiles de la normativa sobre conflicto de intereses que exculpó a Sánchez y a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. Lo ha hecho a través del informe sobre el Estado de Derecho 2026 publicado este viernes por la Comisión Europea, en su capítulo dedicado a España.

En el Informe anual de 2023 sobre el Estado de derecho en España, la UE ya había señalado que en este país «las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración no se aplican suficientemente».

«Aunque tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa como el informe sobre el Estado de Derecho en 2022 hacían referencia a la necesidad de reforzar la independencia y la autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses, las normas que rigen su independencia y autonomía permanecen inalteradas», denunciaba el Ejecutivo comunitario.

En el escrito del año posterior, la UE también replicó que España no había avanzado en la tarea de «robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo de la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses».

Denuncia contra Sánchez y Begoña

Todo ello en medio de la polémica después de que el PP presentase en la Oficina de Conflicto de Intereses una denuncia contra Sánchez para que investigase la actuación del socialista y su mujer en el rescate de Air Europa. La OCI archivó la petición de los populares tras recibir de Moncloa un escrito de apenas 9 líneas, recabando así únicamente la versión del propio Ejecutivo, como reveló OKDIARIO.

Sin embargo, el PP presentó un recurso contra el archivo de su petición para indagar en la participación de Sánchez en el rescate de la aerolínea. Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid forzó al Gobierno a indagar las decisiones adoptadas por el Gobierno de forma favorable a los negocios de Begoña Gómez.

La Oficina, finalmente, resolvió en septiembre de 2025 definitivamente que el presidente del Gobierno no debía haberse abstenido del Consejo de Ministros en el que se decidió el rescate a Air Europa porque no existía una relación personal ni laboral con Begoña Gómez.

La situación «no ha mejorado»

Ahora, el informe europeo de 2026 vuelve a recordar que, pese a los intentos del Gobierno de vender unos cambios legislativos que respondan a esta exigencia, «la aplicación práctica de las normas existentes no ha mejorado» y recomienda al Ejecutivo que impulse «las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración». Además, le exige que «vele por la independencia y la efectiva competencia sancionadora del organismo supervisor competente».

«Se han registrado avances limitados en cuanto a la recomendación de robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración», reza el informe sobre el Estado de Derecho, que cada año emite la Comisión Europea presidida por la alemana Ursula von der Leyen.

Esta afirmación responde a la recomendación de la Comisión Europea de que «impulse el expediente legislativo para robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo de la independencia y la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses».

Nueva autoridad, sin crear

Además, señala que, en diez años, la OCI «concedió 597 autorizaciones tras el cese en el cargo a 323 antiguos altos funcionarios (1,8 por persona), y denegó tan solo un 3,3 % de esas solicitudes». En esa línea, la Comisión asegura que «las sanciones siguen siendo escasas» y que no hay indagaciones sobre «casos de enriquecimiento injustificado».

Todo ello a pesar de que el Gobierno vaya a poner en marcha una Agencia Independiente de Integridad Pública, que asumiría las funciones de la OCI, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Y es que, como ha indicado la Fundación Hay Derecho, en la que la Comisión Europea basa muchas de las conclusiones, esa entidad «no se ha creado».

Es más, Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, ha cuestionado la mayoría de avances de los que se vanagloria el Gobierno: «Asistimos a una yincana de anuncios que no se materializan: ni se dota de medios para asegurar la protección a denunciantes de corrupción, ni se regulan los lobbies. No se aseguran autoridades de control con capacidad de controlar».