El Supremo admite a trámite la querella por rebelión contra Forcadell y la Mesa del Parlament

La Sala de Admisiones del Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y el resto de la Mesa de la Cámara catalana, compuesta por el presidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí, Lluís Corominas; al vicepresidente primero, Lluis Guinó; a la secretaria primera, Anna Simó; y a la secretaria cuarta, Ramona Barrufet.

El Alto Tribunal ha designado al juez Pablo Llarena como instructor de la causa. Este magistrado decidirá en las próximas horas sobre las citaciones de los querellados, que según el Ministerio Público, tienen que ser «urgentes».

En la querella presentada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se les acusa de un presunto delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel, sedición y malversación.

El Ministerio Público sostiene que los “cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados” con sus actos, “realizados con absoluto desprecio” a la Constitución y proclamando la independencia de una parte de la Nación española, que es “patria común e indivisible de todos los Españoles”.

La deliberación de los 5 magistrados del Supremo comenzaba ayer a las 19.30 horas y se interrumpía hora y media más tarde, tras no alcanzar acuerdo. Finalmente, este martes se decidía admitir a trámite la citada querella contra Forcadell y la Mesa del Parlament.

El ponente del Alto Tribunal es el propio presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y completan este órgano los magistrado Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela.

Maza y las dos querellas por rebelión

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, explicaba este lunes que la querella se presentaba ante el Tribunal Supremo al conservar “la mayoría” de los querellados su aforamiento, como miembros la Diputación Permanente una vez disuelto del Parlament.

Forcadell y los integrantes de la Mesa del Parlament facilitaron, con sus votos, la tramitación de la declaración de independencia, tanto los aforados como miembros de la Diputación, como los que ya no lo están al verse arrastrados por la competencia del Supremo. Según Maza, la presidenta y los diputados independentistas posibilitaron con sus acuerdos “la culminación del proceso independentista” facilitando la votación de la declaración de independencia en el Parlament.

Por otro lado, sobre la querella presentada ante la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y su Gobern, se solicitaba que sean citados los querellados “en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados”.

Maza detallaba que esta querella se dirige contra “los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia”, realizada “con total desprecio a nuestra Constitución”

El fiscal general concluía señalando que “a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas”.

El Ministerio Público decidía imponer una fianza solidaria de 6,2 millones a los querellados para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de los presuntos hechos delictivos investigados.