Sánchez, alumno de 2 universidades privadas, las tacha de «chiringuitos» y anuncia límites a su creación
Sánchez se licenció en el Real Centro Universitario María Cristina y se doctoró en la Universidad Camilo José Cela
Su mujer, Begoña Gómez, acaba de obtener un diploma de una universidad privada
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros una ley que endurecerá los criterios para la creación de universidades privadas. El líder de los socialistas ha asegurado que va a acabar con «esos chiringuitos educativos», a pesar de que Sánchez se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina y posteriormente, se doctoró en la Universidad Camilo José Cela, ambos centros de titularidad privada.
Según ha anunciado Sánchez en el acto En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social, celebrado este lunes, el Gobierno va a reforzar las exigencias a los centros privados, añadiendo al informe de la Conferencia General de Política Universitaria un informe de evaluación preceptivo elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes. Este informe será vinculante en el proceso de creación de nuevas universidades.
En segundo lugar, se endurecerán los criterios de apertura de nuevas universidades y se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio. «Vamos a reformar las garantías de solidez económica. Vamos a pedir que se asuma el compromiso de disponer al menos de un 10% de plazas de alojamiento universitario para facilitar el acceso a la vivienda y se va a exigir experiencia en la gestión universitaria a sus promotores. Y tendrán requisitos, por tanto, más estrictos», ha puntualizado Sánchez.
En materia de investigación, para asegurar un compromiso real con la generación de investigación y de conocimiento, el Gobierno propone que las universidades online se consideren de ámbito nacional «porque su radio de actuación es en la práctica todo el país». De este modo, solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales «para reforzar la supervisión y garantizar su calidad académica en beneficio de los estudiantes de todo el territorio».
Sin embargo, y pese a esta cruzada de Sánchez contra la universidad privada, el presidente del Gobierno ha sido alumno de dos centros de estas características. Sánchez, cursó la licenciatura de Económicas y Empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, una entidad privada adscrita la Universidad Complutense de Madrid. Según datos del propio RCU María Cristina, el coste del primer curso en el Grado en Administración y Dirección de Empresas -el equivalente ahora a la carrera que completó Sánchez- supera los 6.000 euros.
Batalla contra Ayuso
Esta batería de medidas responde a una guerra abierta con Isabel Díaz Ayuso, que ha defendido que la Comunidad de Madrid tiene centros privados «de gran calidad y con un gran nivel de exigencia». La presidenta madrileña ha trasladado su apuesta por conseguir una financiación estable para las universidades de la región, que cuente también con incentivos por objetivos, y dejar fuera la «ideología». Ayuso ha recordado que se está trabajando en la nueva ley de enseñanzas superiores, universidades y ciencia junto a la comunidad universitaria.
La nueva norma busca garantizar una financiación estable a las universidades, que cubra necesidades singulares, pero que también estimule la consecución de recursos por objetivos, «con incentivos eficaces y también con herramientas para la colaboración público-privada». «De esta manera cometemos un cambio muy significativo, incluimos en una misma norma las universidades, la formación profesional superior, las enseñanzas artísticas superiores, las escuelas de negocios y la ciencia, adaptándonos así al mundo real que de facto ya las une», defiende la presidenta.
Ayuso quiere que Madrid sea «capital de los estudios superiores en España» y que la universidad sea realmente «un lugar de ciencia», además de «fuente de saber y prosperidad» apostando por principios de «libertad, rigor, transparencia, pluralidad y búsqueda permanente de la calidad». Combatirá también la «burocracia innecesaria» y se pondrá el foco en la internacionalización para que los avances de la universidad «repercutan en la sociedad entera». En la actualidad se ha finalizado el trámite de consulta pública de la nueva ley de universidades y ya se está trabajando en el texto que, tras pasar por el Consejo de Gobierno, se remitirá a la Asamblea de Madrid para su aprobación.
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