El PSOE apoya una resolución europea para dejar a la Policía sin material antidisturbios

El Grupo de los Socialistas Europeos, en el que se integra el PSOE y del que es vicepresidenta Elena Valenciano, acaba de elaborar una resolución para dejar sin material a las Unidades Antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía y al resto de las unidades especializadas en orden público en la Unión Europea.

Dicha “Propuesta de Resolución Común sobre el derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza (2019/2569(RSP)” ha sido elaborada de forma conjunta con el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea Izquierda Verde integrado por Podemos, La Izquierda Radical Griega, Izquierda Unida, EH Bildu y los comunistas franceses, UOM, entre otros.

El PSOE tiene una especial implicación en esta resolución elaborada junto al resto de los grupos radicales de extrema izquierda que siempre han manifestado un innegable rechazo hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que, además de vicepresidenta del grupo socialista en Europa, Elena Valenciano es miembro de la Comisión de Derechos Humanos.

El PSOE ha solicitado la apertura de esta comisión con el fin de prohibir el material antidisturbios ATF- Artificio Triple Fumígeno-, ATL- Artificio Triple Lacrimógeno-, munición 40mm no letal y pelotas de goma lanzadas con bocachas que ya escasean entre las necesidades de la Policía y que, únicamente, “son usadas con una distancia mínima de 15 metros y cuando una gran masa capaz de desplegar mucha violencia” se echa encima de la policía: “El 22M fueron esenciales cuando estábamos siendo machacados a botellazos”, apuntan fuentes policiales.

Hay protocolos de uso

“Se trata de todo lo que usamos para disolver a la masa cuando es extraordinariamente violenta y supera, con mucho, en número a nuestros efectivos. Por descontado que este material jamás es usado manifestaciones pacíficas en las que desplegamos nuestros efectivos con estrictos criterios de protección con independencia ideológica. Acudimos cuando lo ordenan los políticos en un ambiente que, ya en la actualidad, es de una peligrosa inseguridad jurídica para nuestros agentes”. Es decir, existen protocolos para el uso de este material.

Las fuentes policiales apuntan que “prohibir a la Policía del uso del material antidisturbios supone dejar desnuda a una unidad de élite diseñada para salvaguardar la integridad física y del derecho a la libertad de movimiento de millones de ciudadanos europeos”.

«En los próximos años, habrá que intensificar las labores de orden público un contexto de violencia callejera ejercida en toda Europa por movimientos radicales de distinta naturaleza, como los CDR en Cataluña, los grupos radicales infiltrados entre los Chalecos Amarillos en Francia, los movimientos radicales islámicos y salafistas», sostiene. Un ejemplo es «la violencia de alta intensidad ejercida por grupos de extrema izquierda como como los que provocaron decenas de heridos durante el 22M de 2014 en Madrid».

Según el ministro de Interior alemán, el número de personas dispuestas a cometer un acto violento con motivación política se elevó el año pasado en un 37%.

Desabastecer a las Unidades Antidisturbios de material para evitarlos es de una incalificable ceguera e irresponsabilidad política que podría provocar la falta de reacción ante «una forma larvada de terrorismo destinado a subvertir el orden democrático”.

Criminaliza a la Policía

En lo que respecta a España y a nuestra policía, ésta se ve directamente aludida en la resolución por su intervención durante el referéndum ilegal del 1-O, y cree que entra en flagrante contradicción con el archivo judicial de todas las denuncias relativas a la intervención policial del 1-O en Barcelona.

Tras analizar el material audiovisual aportado por los heridos, el juez ha concluido que ningún agente actuó de forma que pueda considerarse «desproporcionada», el juez destaca que los agentes se limitaron a cumplir con lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Según fuentes policiales, “esta resolución europea criminaliza a los cuerpos que son el último muro de contención entre el Estado de Derecho y la anarquía”. En su punto 4, la izquierda “condena el uso de intervenciones violentas y desproporcionadas por parte de las autoridades estatales durante las protestas y las manifestaciones pacíficas; anima a las autoridades competentes a que garanticen una investigación transparente, imparcial y eficaz en los casos en que existan sospechas o denuncias de uso de una fuerza desproporcionada; recuerda que las autoridades policiales siempre deben ser responsables del cumplimiento de sus obligaciones y de su actuación en los marcos”.