La Policía admite ante la UE que las expulsiones de inmigrantes ilegales a Marruecos son «muy limitadas»

La Policía Nacional admite ante la Unión Europea que las expulsiones de inmigrantes ilegales a Marruecos son «muy limitadas». Lo reconoce el agente José Antonio Ayuso, representante del Cuerpo ante la delegación europea que evaluó la situación migratoria en Canarias y que recoge el informe definitivo elaborado por la misión del Parlamento Europeo que visitó las islas el pasado mes de septiembre.

«Los migrantes marroquíes llegan sin documentación, no pueden llevarse a cabo expulsiones porque Marruecos no procesa documentación para estos migrantes y rechaza un acuerdo de repatriación con España», relató el agente ante la delegación de la UE.

El informe, ahora definitivo, reconoce que España «tiene un problema de coordinación difícil con la zona superpuesta atribuida a Marruecos», reprochando al país vecino su actitud en la zona SAR.

En esta zona del mar, España es la última responsable de salvar a las personas que se encuentran en peligro. Sin embargo, el informe afea la falta de apoyo a las autoridades españolas y recrimina a Marruecos que «presta su apoyo cuando quiere» y, más concretamente, «cuando redunda en su interés», señala el informe.

La Unión critica el modus operandi de Marruecos y detalla cómo España sufre «brechas de seguridad» en aguas atlánticas. La delegación europea recoge como ejemplo de estos incidentes un buque pesquero marroquí que «no fue detectado frente a las costas de Lanzarote».

Problemas de convivencia

En el informe se narran los problemas de convivencia que están registrando las localidades donde se concentran los inmigrantes que llegan a las costas españolas.

Iván González, portavoz de la Plataforma de Asociaciones de Vecinos de La Isleta, donde se encuentra el centro de acogida «Canarias 50», reconoció su «preocupación» por el «efecto llamada», entre otras cuestiones, «fomentada por las decisiones políticas», que dan lugar a «inseguridad en las calles», señaló.

Además, recordó ante la delegación cómo «uno de cada cuatro niños que viven en el barrio no come cuatro veces al día, pero los inmigrantes ilegales no carecen de alimentos y esta asistencia no se presta a los residentes locales».

Entre el itinerario de trabajo, la delegación europea visitó dos centros de acogida, el centro Las Raíces, en Tenerife, y el mencionado Canarias 50. Sobre el primero de ellos, a pesar de contar con una financiación anual de 20 millones de euros y otros 24 millones en créditos de la UE, el Gobierno reconoce que no es capaz de cuantificar el coste de una plaza en Las Raíces.

La UE advierte de la regularización

En el mismo documento se advierte al Gobierno de Sánchez que la regularización en España pone en riesgo la seguridad de España y recuerda que este tipo de medidas «van en contra de la política migratoria» del resto de los países miembros de la Unión.

El documento sostiene que la regularización puede tener consecuencias en el número de llegadas irregulares a España y un «agravamiento de la presión migratoria sobre rutas ya tensionadas», como la mediterránea o la atlántica a través de las Islas Canarias.

Además, reprocha a España que haya tomado esta decisión de forma unilateral y sin contar con el resto de países miembros, subrayando que «las políticas con impacto en otros Estados miembros deben respetar el principio de cooperación leal y confianza mutua recogido en los Tratados». Además, se advierte que «iniciativas mal coordinadas pueden debilitar la política migratoria común»