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Podemos

Podemos intenta a la desesperada evitar las imputaciones que acorralan al partido por su ‘caja B’

Podemos ha reaccionado a la imputación de su secretario de Comunicación y mano derecha de Pablo Iglesias, Juanma Del Olmo, además del tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente, tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.

El partido ha presentado un recurso de nulidad, con el que intenta anular las imputaciones que cercan al partido por sus irregularidades. Los imputados han sido citados para el próximo 20 de noviembre.

Además, el juez ha requerido a la formación morada abundante documentación para avanzar en las diligencias, desde contabilidad hasta la tabla de sueldos de los empleados.

Las comparecencias de los investigados tendrán lugar después de que hayan declarado tanto Calvente como Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso y exresponsable del equipo legal de Podemos, y Mónica Carmona, otra de las antiguas abogadas del partido que fue despedida también en diciembre. Ambas están citadas el próximo 15 de septiembre como testigos de refutación tras la denuncia de Calvente.

Los hechos se han precipitado tras la declaración del abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente ante el juez. Calvente confirmó que estaba realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fue despedido. Esas irregularidades tendrían que ver con gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. También dirige sus sospechas contra la Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

«Caso mediático»

Desde el partido, según recoge Europa Press, han tratado de descalificar la actuación judicial, asegurando que el magistrado Escalonilla está haciendo «una investigación prospectiva» por «practicar diligencias dando por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación».

En su opinión, el objetivo de este tipo de investigaciones es convertir la causa en «un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada».