El plan de Sánchez para invadir el Constitucional choca con PP, Vox y C’s: tienen minoría de bloqueo

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 25/12/2019 06:51
  • Actualizado: 25/12/2019 07:07

El plan de Pedro Sánchez y los separatistas ha encontrado un obstáculo difícil de sortear incluso para un PSOE dispuesto a lo que haga falta: el Tribunal Constitucional no es en estos momentos un territorio controlado por los socialistas y la composición de las Cámaras no favorece a los socialcomunistas para convertirlo en un factor aliado. Las reformas más radicales que cierra en estos momentos el presidente en funciones con ERC, PNV, el mismo Podemos, o incluso Bildu bordean o pisan directamente la Constitución y, por lo tanto, podrán ser limitadas por el Tribunal encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta Magna. Allí, los intentos de renovación que ya preparan los socialistas chocan con una realidad: los tres quintos de cada Cámara no están a su alcance gracias a la minoría de bloqueo de PP, Vox y C’s.

No todo será un camino de rosas para Pedro Sánchez en sus pactos con los partidos que quieren dinamitar la Constitución para, bien acabar con la unidad de España, o bien, introducir medidas contrarias a la propiedad privada o la libertad de empresa.

ERC ha exigido a Pedro Sánchez que se comprometa a caminar hacia la “autodeterminación” catalana, pero, además, quiere tener garantías de que el presidente en funciones va a poder materializar sus cesiones sin que ninguna institución le frene. Esa institución por excelencia, obstáculo privilegiado en el camino separatista, es el Tribunal Constitucional (TC). Por eso, Esquerra ha pedido ya al presidente del Gobierno en funciones que los próximos cambios en el Constitucional permitan tener un tribunal maniatado. Si no es posible controlar los nuevos nombramientos, al menos que se dispare toda la presión del Gobierno sobre este organismo para que permita forzar la Carta Magna en favor de los separatistas.

La renovación del TC

Es cierto que en breve debe renovarse parte del Constitucional. ERC, PNV, Bildu y el mismo Podemos quieren que el nuevo Tribunal sea permisivo con interpretaciones que, evidentemente, no caben de forma natural en la Carta Magna: interpretaciones que van en contra de la unidad de España y de derechos consagrados hasta el momento en la Carta Magna.

El equipo del presidente del Gobierno en funciones, además, no ha rechazado la exigencia de ERC de un referéndum separatista. Y no lo ha hecho porque lo cierto es que los socialistas hace tiempo que buscan fórmulas para dar encaje a la petición de los separatistas.

La opción principal, que ya está encima de la mesa, pasa por permitir un doble referéndum: el primero a escala nacional para validar la reforma de la Constitución y el segundo en Cataluña donde se votaría una reforma que permitiría restituir el Estatut tumbado por el Tribunal Constitucional. Un trámite de elevada complejidad. Y un trámite que, por ejemplo, se podría sortear en caso de que el Tribunal Constitucional acepte de alguna manera un referéndum pactado que bordee la unidad de España. Un plebiscito que permita a los separatistas contar ya con una votación que poder exhibir con un recuento parcial sólo en Cataluña.

El esquema trazado por los socialistas incluye un doble referéndum pero sobre textos distintos: toda España votaría una reforma constitucional a la carta de las cesiones máximas admisibles dentro de las exigidas por los golpistas. Y, más tarde, sólo los catalanes votarían sobre una reforma del Estatut de Autonomía para llevar estas cesiones a su nivel más exagerado dentro de los márgenes de interpretación constitucional.

Pero todo ello lo será o no, dependiendo de la permisividad del Tribunal Constitucional. Y hoy por hoy es territorio no controlado por el PSOE. Es más, ni en el Congreso ni el Senado cuenta con los 3/5 necesarios para cambiar a sus actuales representantes.

Artículo 159

El artículo 159 de la Constitución señala que “el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Y eso significa que esas mayorías impiden a los socialistas mover a su antojo el Tribunal. Porque en estos momentos tanto en el Congreso como en el Senado la suma de PP, Vox y C´s supera los dos quintos de bloqueo.

De ese modo, la reforma previa constitucional pensada por los socialistas para dar cabida a un mayor grado de cesión de competencias y parcelas de poder a la Generalitat y al Gobierno vasco, puede encallar en manos de los actuales magistrados del Constitucional. Y, en caso de que los socialistas quieran cambiar a los protagonistas de este Tribunal, el acuerdo entre los tres partidos de centro derecha puede frenar los intentos.

Para activar todo el proceso de reforma de la Carta Magna hay que cumplir los requisitos regulados en la actual Constitución. Y, por lo tanto, tampoco se puede hacer de cualquier modo.

El acuerdo cerrado entre socialistas, podemitas y separatistas incluye un texto permisivo con el separatismo. Parte de las premisas base trazadas hace ya tiempo por el PSC, donde se afirmó, con la venia del PSOE, que “no habrá solución legítima ni estable que no sea sometida al voto de toda la ciudadanía”. Y para ello, defiende crear “un Estado plenamente federal, democrático y social, garantizando mecanismos de participación de los entes federados en la formación de la voluntad común del Estado” y, por supuesto, incluyendo ya “el reconocimiento de la identidad nacional catalana; delimitando con precisión los espacios competenciales; reformando profundamente las instituciones, incluyendo la creación de un Senado federal con competencia exclusiva sobre las leyes de cooperación horizontal; garantizando los recursos necesarios para la prestación de los servicios públicos y el desarrollo de las políticas públicas (Pacto Fiscal Federal); consolidando y ampliando las conquistas sociales en la Constitución federal, para garantizar el carácter social del Estado, así como profundizando en su carácter democrático”.