España
Crisis inmigración

Sánchez quiere a los inmigrantes en la calle y que la Policía use los CIE sólo «si es indispensable»

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere revisar el régimen de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y, entre otras medidas, limitar excepcionalmente el ingreso de los inmigrantes.

Así consta en una proposición no de ley presentada por los socialistas esta legislatura en el Congreso de los Diputados, en la que se insta a «dictar las instrucciones precisas dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no se solicite el internamiento excepto cuando el mismo se considere indispensable para una repatriación y no existan otras medidas cautelares menos restrictivas de derechos».

En cualquier caso, el partido de Gobierno insiste en que el internamiento es «una medida cautelar excepcional a falta de otras menos lesivas de derechos» y se cuestiona si «el internamiento, tal y como se viene practicando, es o no una medida que se adecua a una política eficaz de lucha contra la inmigración irregular».

La iniciativa incluye también una crítica velada a Podemos, al referirse a grupos políticos que «en vez de atender al origen del problema proponen soluciones mágicas como es el cierre total sin explicar qué hacer con las personas que por ejemplo han cometido un delito y se les acuerda la expulsión como sustitutoria de la pena».

En la misma, arremeten asimismo contra el entonces Gobierno de Mariano Rajoy, al que critica por la «privatización de la gestión» y la «contratación de seguridad privada». «Se muestra la falta de sensibilidad en relación a la vida y a los planes de los extranjeros que, incluso sancionados con la expulsión, siguen siendo sujetos de todos los derechos excepto del de la libertad deambulatoria», destaca el texto.

Así, si bien el PSOE considera que «los CIE son de momento necesarios», propone que queden reducidos a una solución «excepcional». «No olvidemos que pueden ser objeto de control por los jueces, únicos responsables que pueden autorizar el internamiento y la resolución de peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales», además del Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo.

«Principio de proporcionalidad»

En su documento base sobre política migratoria, el PSOE propone modificar el actual modelo de estos centros, evitando un ingreso masivo de inmigrantes.

Así, el partido del Gobierno es partidario de adecuar el internamiento «de acuerdo con el principio de proporcionalidad», para lo que se revisará cada propuesta de acuerdo a las «circunstancias individuales», en especial, se explica, «el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes».

El partido propone asimismo «salvaguardar el carácter no penitenciario» de estos centros, «así como los derechos de las personas internas», y para ello, se revisará el reglamento de funcionamiento y de régimen interior, «reforzando los medios que permitan  el adecuado control judicial de los mismos».

Además, se aboga por revisar «la composición exclusivamente policial del personal» de los CIE y asegurar las condiciones de higiene y salud, además del acceso de los internos a «servicios de intérprete, asistencia psicosocial y sanitaria y acceso de los servicios de defensa jurídica».

Gestión de ONG’s

«Eliminaremos las trabas al acceso a los CIE por parte de  las ONG’s de apoyo a inmigrantes acreditadas por la administración», añade.

Eso implica, como publicó OKDIARIO, que las ONG’s asuman un papel esencial en la gestión de esos centros, como revela también la propuesta no de ley anterior, lo que no deja de resultar paradójico en la medida en que estas organizaciones defienden-mayoritariamente-su cierre.

El pasado junio en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó el cierre de estas instalaciones como le exigen también sus socios de Unidos Podemos. El líder del PSOE contestó a Pablo Iglesias que lo que sí hará el Ejecutivo es “mejorar las condiciones de estos centros”.

La propuesta del Gobierno en materia de inmigración prevé, además, medidas como extender del derecho de voto a los inmigrantes «eliminando el principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones municipales», o «abordar una reforma de la nacionalidad por residencia, procurando el máximo consenso, que incorpore una reducción sensible de los plazos máximos establecidos actualmente, la revisión de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración, más allá de un examen».