Moncloa informó a la UE de las ‘fake news’ en el 4M mientras Marlaska callaba sobre los escoltas

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 25/05/2021 06:48
  • Actualizado: 25/05/2021 06:48

La Comisión Permanente de Lucha contra la Desinformación, el ‘Ministerio de la Verdad’ del Gobierno de Pedro Sánchez, vigiló las elecciones del pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid para detectar posibles campañas de «desinformación». Todo ello, mientras el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ocultaba la detención de dos escoltas de Podemos por los disturbios contra Vox en Vallecas. O mientras el PSOE atribuía al «fascismo» la carta con amenazas enviada por un esquizofrénico a Reyes Maroto.

En su comparecencia este lunes en el Congreso de los Diputados, el director del departamento de Seguridad Nacional Miguel Ángel Ballesteros reveló que la Comisión se reunió con motivo del 4M para elaborar una propuesta de informe para la Unión Europea. Alegó que Bruselas «tiene una especial atención de las campañas de desinformación en las elecciones, a cualquier nivel». El órgano político, coordinado directamente por La Moncloa a través de la Secretaría de Estado de Comunicación y que preside el director del Departamento de Seguridad Nacional, ha celebrado hasta ahora cuatro reuniones.

Ballesteros advirtió en su intervención que la «desinformación» se manifiesta a través de distintos intentos de «desmontar la verdad» y «perturbar la percepción de la realidad por parte de los ciudadanos, influir en la acción de sus gobiernos y socavar su capacidad de decisión». En este contexto, ha aplaudido a los ‘fact checkers o agencias de verificación de noticias’.

Polémica

El procedimiento de lucha contra la «desinformación» nació entre polémica. Fue aprobado en noviembre del año pasado, con total opacidad, a través de una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En ella se destaca que «la información veraz y diversa» es «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas». También se avisa de la amenaza que supone «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

Desde los propios medios de comunicación y asociaciones de periodistas se llamó la atención sobre su posible vocación censora. Ante las críticas, Moncloa explicó que el plan «tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país» y que «en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones».

No obstante, la estrategia sí señala que uno de los propósitos de la estrategia es «examinar» la «libertad y pluralismo» de los medios de comunicación. Y en el mismo procedimiento se admite que habrá una «monitorización y vigilancia» de los medios. Un punto que generó suspicacias.

Secreto oficial

La falta de transparencia sobre los trabajos de la Comisión es un hecho. Este periódico intentó recabar dicha información a través del Portal de Transparencia. Sin embargo, en una resolución de la vicesecretaría general de la Presidencia del Gobierno, se aseguró que la Comisión «al ser un instrumento técnico y de carácter permanente, no levanta acta de sus reuniones».

Por otro lado, se destacó que «la documentación que se elabora en el Departamento de Seguridad Nacional no es de uso público, salvo que expresamente se declare como Información de Uso Público (distribución no limitada)».

De esta forma, se rechazaba aportar cualquier dato sobre los temas tratados en sus encuentros. «Sus usuarios, deberán limitar su divulgación y distribución a personal y organismos que desempeñen actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad Nacional Asimismo, la documentación del Departamento de Seguridad Nacional se encuentra protegida por los límites de acceso a la información pública previstos en el artículo 14.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno», concluía el Ejecutivo.