Matas ante un nuevo juicio: se sentará en el banquillo a partir de mañana por el ‘caso Son Espases’

Jaume Matas vuelve al banquillo. El ex presidente del Govern balear y ex ministro afronta a partir de este lunes un nuevo juicio, en esta ocasión por el caso Son Espases. Matas será juzgado en la Audiencia de Palma acusado de amañar la adjudicación de las obras del mayor hospital de Baleares.

Matas, que actualmente está cumpliendo la condena que le fue impuesta por su implicación en el caso Nóos, se sentará mañana en el banquillo, en un juicio que a priori tendrá tres semana de duración, enfrentándose a una petición de 4 años y medio de cárcel. 

El ex presidente y ex ministro de Medio Ambiente compartirá banquillo con la ex consellera de Salud Aina Castillo, el ex director del Servicio Balear de Salud Sergio Bertrán y el empresario Jesús Peinado.

A los cuatro acusados se les imputan delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y tráfico de influencias por irregularidades en la adjudicación del concurso para construir el hospital, licitado en 2006 por 778,4 millones de euros.

La Fiscalía pide para Matas condenas que suman 4 años y 6 meses y 16 años de inhabilitación; para Castillo solicita 15 meses de prisión e inhabilitación por 12 años; para Bertrán, 3 años de prisión y 8 de inhabilitación, y para Peinado, 2 años de cárcel y 8 de inhabilitación. Todos se enfrentan además a distintas multas.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares pide una condena de 2 años y 10 meses de prisión para Matas; de 2 años y 1 mes para Castillo (apreciando la atenuante de confesión), y de 2 años y 10 meses para Bertrán, y para Peinado reclama 1 año y 6 meses por fraude a la administración.

El partido MÉS per Mallorca, personado también como acusación, pide 4 años de privación de libertad para Matas, Castillo y Bertrán, y 3 para Peinado.

Matas está pendiente también de la sentencia del caso Over, que se juzgó a principios de año y donde suscribió un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el que se plantea al tribunal la sustitución por 18.000 euros de los 2,5 años de cárcel por la prevaricación, la malversación y el fraude que confesó ante el tribunal.