Marlaska desmantela la Guardia Civil en Cataluña: tiene sin cubrir el 25% de las plazas 

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 02/04/2026 21:00
  • Actualizado: 03/04/2026 01:19

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha desmantelado a la Guardia Civil en Cataluña: tiene sin cubrir el 25% de las plazas. Faltan nada menos que 1.157 agentes, según los datos reconocidos por el propio Ministerio. Sólo hay 2.969 guardias civiles cuando debería haber más de 4.000. En concreto, 4.127.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, declara a OKDIARIO que esta situación ha sido «provocada por el Gobierno de Pedro Sánchez para contentar al independentismo», que lo sostiene con siete votos. Y advierte que esta falta de efectivos supone «un grave riesgo para la seguridad nacional».

Y más menguará la Guardia Civil en efectivos si se consuman los pactos del Ejecutivo con el Gobierno catalán, en manos del también socialista Salvador Illa, que suponen la entrega a los Mossos d’Esquadra de competencias propias del Estado como los puertos, aeropuertos y fronteras. Una situación que tiene a los agentes en un sinvivir, con la zozobra de ser expulsados de este territorio.

Actualmente, en las cuatro provincias catalanas faltan entre un 20 y un 30% de guardias civiles, según los datos oficiales facilitados por el Ministerio del Interior a finales de 2025. Unas cifras que han salido a luz a raíz de una pregunta parlamentaria, que es la única vía que hay para conocer la verdadera situación, ya que el Cuerpo se niega a dar los datos alegando que son secretos oficiales.

La provincia peor parada es Lérida, donde debería haber 542 agentes, pero apenas hay 364, por lo que Marlaska tiene sin cubrir el 32,8% de las plazas. A corta distancia le sigue Gerona, donde debería haber 615 guardias civiles, pero sólo hay 435, lo que supone un déficit del 29,26% efectivos.

En tercer lugar se sitúa Barcelona, con 1.630 guardias civiles, cuando debería tener 2.285, por lo que hay un déficit del 28% de las plazas, mientras que en Tarragona hay 540 guardias civiles, lejos de los 685 que tendría que haber, con un déficit del 21%.

«Marlaska está desmontando la cara visible del Estado reduciendo el número de funcionarios», denuncia indignado a este diario Alfonso Merino, responsable de la AUGC en Cataluña, quien ha vivido el desmantelamiento de la Guardia Civil «desde 1994, con la cesión de Aznar a Pujol en el Pacto del Majestic, con el traslado de las competencias propias de Tráfico a los mossos, y ahora con Sánchez la progresiva disminución de efectivos».

La radiografía del problema

La Guardia Civil tiene actualmente en Cataluña las competencias de puertos, aeropuertos, intervenciones de armas, narcotráfico, secciones fiscales y fronteras. De momento, Marlaska ya ha entregado a los Mossos y agentes forestales las competencias del Seprona de la Guardia Civil, produciéndose el pasado mes de diciembre la estampa de que la Generalitat tuviera que pedir a Defensa que desplegara a la UME por la peste porcina, al verse desbordada.

Dicho pacto se firmó en diciembre de 2024 y también se dispone que los mossos asuman el control de las fronteras, arrebatándole las funciones a la Guardia Civil y la Policía Nacional. El tema está judicializado por parte de las asociaciones y sindicatos, «para que las competencias sean exclusivas del Estado español», ya que esto «repercutirá en el control de los flujos migratorios».

Lo cierto es que actualmente en Cataluña ya «no hay un control efectivo de las fronteras» debido precisamente a que no hay personal suficiente, según afirma Alfonso Merino.

En la Farga de Moles (Lérida), que es el primer paso fronterizo entre España y Andorra, siempre tienen que estar tirando de comisiones de servicio ante la gran escasez de guardias civiles.

«Este puesto es delicado, ya que es una aduana de un tercer país, como es Andorra, y la falta de personal supone un riesgo de blanqueo de capitales y contrabando», advierte Merino.

En la Junquera, frontera de Gerona con Francia, también faltan agentes en la sección de fiscal, dedicada al control de contrabando y de las personas que cruzan. «Al menos el 25% de las plazas están vacantes», apunta este portavoz de la AUGC, destinado en el puerto de Barcelona, puerta de entrada de todas las mercancías internacionales, donde se están haciendo grandes aprehensiones de droga en los últimos años.

Por su parte, «en el Seprona debería haber unos 90 agentes, pero no llegan a 50, por lo que falta casi un 50% de la plantilla», de acuerdo a la citada fuente.

La escasez de efectivos es patente «en los puestos pequeños o puestos alejados de las grandes ciudades, como las fronteras; ciudades como Lérida, que está mal comunicada; Gerona, que no tiene aeropuertos cercanos; así como en los pueblos abiertamente independentistas, como Vic, Figueras, Portbou o Berga, ya que no son nada atractivos», según detalla este portavoz de la AUGC.

La asociación mayoritaria de guardias civiles sostiene que es «imprescindible que el Gobierno ponga incentivos para hacer atractivo el destino de Cataluña, premiando a los agentes de varias maneras: económicamente y que tengan algún tipo de preferencia a la hora de solicitar destinos una vez pasado cierto tiempo en esta comunidad». «Estos dos incentivos serían una manera de fidelizar agentes y de que se completasen los catálogos», afirma Merino.

El fin es la expulsión

«Asistimos a un desmantelamiento progresivo y silencioso de la presencia del Estado en Cataluña que compromete la seguridad nacional al fragmentar competencias exclusivas como la vigilancia marítima y el control de fronteras», denuncia Diego Madrazo, secretario de Relaciones Institucionales de la asociación mayoritaria de guardias civiles.

Y subraya que «no podemos permitir que criterios políticos prevalezcan sobre la eficacia policial operativa desplazando al Servicio Marítimo de la Guardia Civil o al Seprona de sus funciones propias en beneficio de una policía autonómica».

La AUGC exige al Ministerio del Interior que cese inmediatamente esta «cesión competencial encubierta» y garantice que las aguas territoriales y el medioambiente sigan bajo la custodia de quienes llevan «décadas demostrando su eficacia y profesionalidad».

Además, señala que la pretensión de asumir el control integral de puertos y aeropuertos de interés general junto con las competencias en Extranjería «no responde a una necesidad operativa real, sino a una hoja de ruta calculada para expulsar definitivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de este territorio”».

«Es una absoluta irresponsabilidad romper la caja única de la seguridad pública en infraestructuras críticas que son frontera exterior Schengen y que requieren una visión de Estado unitaria, coordinada y no parcelada por intereses territoriales», afirma Madrazo indignado.

Ineficiencia y gasto público innecesario

La AUGC denuncia que esta duplicidad de funciones «sólo genera ineficiencia y gasto público innecesario mientras se arrincona profesional, social y personalmente a los guardias civiles destinados en esta comunidad».

«Los guardias civiles y sus familias están sufriendo una incertidumbre laboral inaceptable, al ver cómo se negocia con sus puestos de trabajo y funciones en despachos sin contar con la voz de los representantes legítimos de los trabajadores», explica Madrazo.

Y hace hincapié en que los agentes no van a tolerar «que se use la seguridad pública como moneda de cambio ni que se ningunee la labor de unidades reconocidas internacionalmente para justificar una expansión competencial de los Mossos d’Esquadra que carece de amparo técnico».

Desangrada por siete votos

Mientras la Guardia Civil va en retroceso en esta comunidad autónoma y la carga entre los agentes se incrementa, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con la Generalitat en ampliar la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta 25.000 efectivos de aquí a 2030.

«Y todo ese despliegue proviene de los mismos fondos de los que se sustentan la Guardia Civil y la Policía Nacional. Por lo tanto, sí hay dinero, pero se invierte en contentar a sus amistades», critica el responsable de la AUGC en Cataluña, destacando que una ampliación de este calibre «va en detrimento de las plantillas de Policía y Guardia Civil».

Más aún, los mossos son beneficiados con subidas salariales con dinero de todos los contribuyentes españoles, como la pactada el pasado 16 de febrero. Subidas que, sin embargo, se niegan a los guardias civiles y policías nacionales, que vienen reclamando desde antaño la equiparación salarial con las policías autonómicas, pero el Ejecutivo no atiende su reivindicación y ahora ven que la brecha salarial se amplía al pasar a cobrar 1.000 euros menos que los mossos.

«Si los mossos progresan, los guardias civiles no podemos quedarnos rezagados en todo, anclados en el pasado: en medios y en sueldos. ¿Con qué incentivo van a venir aquí? Con ninguno, no viene nadie», critica el responsable de la AUGC en Cataluña, recordando que «con el acuerdo de la subida salarial a los mossos, se incumple el pacto firmado en 2018 que dispuso la creación de una ley para que no hubiera disfunción salarial entre policías».

A esto se suma, además, que desde el pasado mes de enero los servicios de información de la Guardia Civil cobran en sus nóminas 100 euros mensuales menos en productividades que venían percibiendo desde 2014 y han sido fulminadas.

«Reclamamos firmeza institucional para defender nuestro despliegue territorial porque una Guardia Civil fuerte y con plenas competencias en Cataluña es la única garantía de un servicio de seguridad vertebrado e igualitario para todos los ciudadanos españoles», concluye Madrazo.