Marchena asume la instrucción en el Supremo de la querella contra Corujo, Sosa y Martín

El magistrado Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno de los juristas más reconocidos de España, conocido entre otras causas por haber presidido el juicio del procés catalán, será el encargado de instruir y analizar la querella presentada por el Cabildo de Lanzarote contra la ex presidenta de la corporación insular y actual diputada nacional del PSOE, María Dolores Corujo, el ex consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa y la que fuera responsable de Recursos Humanos durante el mandato socialista, Isabel Martín Tenorio. Así consta en una diligencia firmada la pasada semana por la Secretaría del Alto Tribunal, a la que ha tenido acceso este diario, en la que se hace constar que en el libro de ponencias le ha correspondido por turno el asunto al citado magistrado.

Acompañarán a Marchena en la causa Andrés Martínez Arrieta como presidente y Antonio del Moral García, Susana Polo García y Carmen Lamela Díaz como asistentes del ponente. En el mismo documento, la Sección Segunda acuerda remitir el inicio de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia y el contenido de la querella formulada, y deja constancia de haber recibido un escrito de la procuradora de Corujo con documentación aportada por la diputada socialista para que se analice su versión de los hechos.

La querella, elaborada por el penalista José Antonio Choclán y presentada por el Cabildo a finales de julio, acusa a los tres querellados de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la administración. Su admisión a trámite por la Sala Segunda supone un golpe directo a la estrategia del PSOE de Lanzarote, que había dado por enterrado el asunto tras el archivo que decretó la Fiscalía del propio Supremo en julio, después de que el fiscal de Arrecife, Fernando Rodríguez Navarro, apreciara indicios racionales de delito y remitiera las actuaciones al Alto Tribunal por la condición de aforada de Corujo. La diputada socialista celebró entonces ese archivo en nota de prensa, acusando al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, de estar detrás de una «cacería» política, y su partido calificó la posterior contratación de Choclán de «intento a la desesperada» para mantener viva una «persecución judicial». Ahora es Marchena quien tiene que decir si eso es así o no.

El canario Marchena, cuya trayectoria profesional incluye algunas de las causas de mayor peso de la historia judicial reciente de España, se enfrenta a un caso que va bastante más allá del ya acreditado cobro irregular de más de 300.000 euros por parte de Sosa. El núcleo de la acusación apunta al decreto que Corujo firmó en noviembre de 2021 para blindar con efectos retroactivos la situación económica del ex consejero, en contra del reparo expreso de la Intervención del Cabildo y pese a que la irregularidad de los cobros de Sosa ya había sido denunciada públicamente por CC. El párrafo más comprometido de ese decreto es el que anticipa que, si el Gobierno de Canarias modificaba el criterio de la Dirección General de Función Pública, el Cabildo tramitaría «el procedimiento que resultare pertinente» para adaptar la situación, lo que la Fiscalía de Arrecife interpretó como un intento de blindar artificiosamente un acuerdo económico que carecía de cobertura legal. Ese cambio de criterio acabó produciéndose, el TSJC condenó a Sosa a devolver los 297.150 euros cobrados de forma indebida, y ahora su abogado pugna en casación para que sea el propio Cabildo quien asuma esa deuda, lo que convierte a la institución insular en parte directamente perjudicada y explica su decisión de querellarse.