Antonio Fernández, ex consejero de Empleo de Andalucía: «Todos los ERE eran legales»

El ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández ha asegurado que los ERE en Andalucía «eran legales y no hay ninguno ilegal». En el juicio del ‘caso ERE’ Fernández ha afirmado este lunes que «no recibió advertencia de nadie» sobre que se estuviera omitiendo la fiscalización previa en las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo y pagadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con cargo al programa presupuestario 31L.

Así lo ha respondido el ex alto cargo de la Junta a preguntas del Ministerio Fiscal en la trigésimo primera sesión del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las citadas ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Fernández, cuya declaración alcanza ya el tercer día, ha manifestado que «ni entonces ni ahora recibí advertencia de nadie», resaltando que el programa de concesión de ayudas «siempre funcionaba con normalidad». En este sentido, ha insistido en que «nunca nadie» le ha advertido de ese extremo, «ni aconsejado, ni comunicado».

El fiscal Juan Enrique Egocheaga, a este respecto, ha insistido en preguntar a Fernández, para quien el Ministerio Público pide ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por prevaricación y malversación, si alguien le informó sobre la fiscalización de los pagos realizados por IFA/IDEA a cuenta de la Consejería de Empleo.

El ex consejero ha afirmado que «nadie me dio cuenta» de cómo se realizaba la fiscalización, añadiendo que después ha sabido que existía la fiscalización previa. «La Intervención General ha tenido acceso para hacer la fiscalización oportuna», ha añadido.

El programa «más publicitado»

Fernández, preguntado por la Fiscalía por la publicidad e información de la línea de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, ha asegurado que la Junta «actuó igual que la Administración central», señalando que los destinatarios de estas ayudas, los sindicatos y comités de empresas, tenían «perfecto conocimiento» del procedimiento y gestión de las ayudas, precisando que no todo expediente de regulación de empleo ha necesitado ayudas.

«La información, la publicidad y el conocimiento las tenían quienes debían», ha apostillado el exconsejero. El fiscal ha insistido en preguntar en qué orden se recogían los requisitos para los beneficiarios. Entonces, Fernández ha explicado que la Orden Ministerial de 1995 sobre ayudas extraordinarias «no contiene una orden de desarrollo sobre los requisitos» sino que éstos se fijan «en cada expediente». «Dos expedientes no son iguales entre sí», ha añadido.

«Trabajamos igual que Madrid [el Gobierno] con la Orden de 1995», ha afirmado Fernández, quien ha resaltado que el programa de ayudas era «el más publicitado» del Gobierno andaluz, «cualquier persona en Andalucía lo conocía».

Fernández, como ya hiciera en las sesiones anteriores en las que se han desarrollado su declaración, ha asegurado que «nunca le ha ordenado al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero que diera ninguna ayuda a nadie».

Sobre los planes anuales del Control Financiero Permanente que aprobaba el Consejo de Gobierno sobre los entes instrumentales, Fernández ha valorado la «clara» voluntad del Gobierno andaluz para estar sometidos a control, así como la «voluntad de transparencia y de ser más duros cada año», pasando de informes anuales a trimestrales, por ejemplo.

Fernández ha admitido que tuvo conocimiento del «desfase» presupuestario en IFA/IDEA como consecuencia de que los compromisos adquiridos por Empleo para las ayudas eran superiores a las transferencias realizadas por esta Consejería al ente para su materialización cuando el viceconsejero de Empleo, entonces Agustín Barberá, le informó a finales de 2008 y principio de 2009 de que iba a escribir una carta de compromiso para salvar ese desajuste, después de que auditores externos apuntarán esas salvedades en el ente instrumental.

No conoció la retención de crédito en IFA dictada por la Intervención General en octubre de 2004. «No me dijeron nada porque no causaba perjuicio a la Consejería», ha afirmado. Tampoco recibió los informes de Control Financiero Permanente. «Como viceconsejero no era destinatario, y cuando era consejero, el ente instrumental estaba adscrito a la recién creada Consejería de Innovación», ha precisado.

«Nunca» supo de un uso «inadecuado»

Tras el receso en la sesión de este lunes, el fiscal ha preguntado a Fernández si alguien de la Consejería o del IFA le transmitió el uso «inadecuado» de las transferencias de financiación para allegar fondos al ente. «Nunca. Hasta el año 2008, cuando llega Juan Márquez a la Dirección General de Trabajo. Antes nunca tuve ningún tipo de comentario o advertencia», ha manifestado.

Fernández ha explicado que el informe adicional de Control Financiero Permanente de 2005 correspondiente al ejercicio de 2003 del IFA «nunca lo ha leído». «Llegó a mi gabinete y éste lo distribuyó a los técnicos responsables y la Dirección General de Trabajo presentó alegaciones», ha indicado, advirtiendo de que «nada extraordinario» venía en este informe, ni contenía «elementos de preocupación».

«Nunca, ni yo ni mi viceconsejero [Agustín Barberá] hemos recibido ningún documento donde se recoja la palabra ilegalidad o menoscabo», ha asegurado. Sólo, según Fernández, fue informado de «lo relevante» de ese informe en 2008 cuando Márquez asume la Dirección General de Trabajo

En este sentido, el ex consejero ha manifestado que para que fuese informado sobre algo relevante se debe advertir «de clara ilegalidad y declarar la suspensión» del programa. «Los conceptos de inidóneo o inadecuado son rebatibles y entran en un debate entre técnicos», ha precisado.

De otro lado, el consejero ha explicado que el programa 31L no nace del convenio marco firmado entre IFA y la Consejería de Empleo en julio de 2001, sino que se «hereda» de otros programas anteriores, así como tampoco el convenio marco es el primero que suscriben ambos órganos directivos. Además, ha defendido el trabajo «serio y con claridad» del IFA para abonar las ayudas comprometidas que la Dirección General de Trabajo le ha ido enviando.

Con respecto a la negociación del presupuesto andaluz, el ex consejero ha manifestado que «ningún consejero salía contento», añadiendo que con la Consejería de Hacienda más que «un toma y daca, era toma y toma». «En mi época como consejero solía pedir más dinero para el programa de ayudas sociolaborales y a empresas, como demuestran las modificaciones presupuestarias», ha declarado.

Sobre las negociaciones con las compañías aseguradoras para la firma de la póliza para el cobro de las ayudas por parte de los beneficiarios, Fernández ha indicado que la Dirección General de Trabajo le comentó que había que buscar compañías que admitiera el pago a plazos de éstas, pero no le consta que Guerrero negociara con éstas.

Fernández, que ha asegurado que los ERE en Andalucía «eran legales y no hay ninguno ilegal», ha rogado al presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, cuando se ha alcanzado las 14.00 horas de este lunes que parara o se tenía que tomar una pastilla porque tenía serias dificultades para continuar por el estado de su voz. Además, ha admitido que «no se encontraba en plenas facultades» para continuar, por lo que el presidente de la Sala ha ordenado terminar por hoy el interrogatorio del fiscal, que continuará este martes.