Imputada la junta de gobierno del PP de Los Alcázares, Murcia

Un juez ha llamado a declarar a seis de los ocho miembros que forman parte del gobierno local de la localidad murciana de Los Alcázares. Se les acusa a este gobierno popular de múltiples delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones ilegales con funcionarios públicos con relación a la adjudicación de unas obras. Los otros dos integrantes del equipo de gobierno no estaban presentes en la junta de la adjudicación sospechosa.

Precisamente el líder del PP, Mariano Rajoy, un día después de la reunión con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside la junta directiva de su partido en la región de Murcia.

Las sospechas también se ciernen en torno a la hija del alcalde.

En un auto fechado a este viernes el juez de Primera Instancia nº 7, Antonio Morente, amplía la citación como investigados a la secretaria, interventores municipales, la hija del alcalde a raíz de su implicación en la adjudicación de las rehabilitación del pequeño embarcadero en el muelle la Pescadería situado en el mar Menor.

En esta población de unos 15.000 habitantes el grupo municipal socialista ha interpuesto una querella criminal contra el equipo del alcalde Bastida. Supuestamente solo fueron tres las empresas que pudieron concurrir a un concurso que se desarrolló sin publicidad. En juego estaban 100.000 euros.

En declaraciones a agencias el portavoz socialista Chema Gil ha declarado que estas conductas «tienen que ser condenadas al ostracismo». Considera que «se requiere que las empresas sean diferentes y que entre ellas no haya intereses comunes para que en realidad exista competencia». Apunta a que Tecnología Tecopsa, Undinter Infraestructuras y Aitana Actividades de Construcción están íntimamente vinculadas entre sí al compartir personas en los puestos de responsabilidad.

El auto avanza que se hayan indicios de delito por las mínimas diferencias de precio que existieron entre las ofertas. Señala a Ignacio Antonio Estevan como el hombre que simultáneamente es mancomunado solidario de Tecopsa y único administrador de Aitana, así como a Fernando Alberto Díaz Ripollés como administrador único de Tecopsa, y solidario de Urdinter.

Los concejales investigados son los responsables de Educación, Cultura, Sanidad y Patrimonio, Cristina Ascensión Sánchez, Deportes y Juventud, Nicolás Ruiz, Comercio, Industria y Personal, Francisco Méndez, Ambiente, Transporte y Urbanismo, Francisco Montesinos Medio, y Empleo y Política Social, Isabel María Sarmiento. 

Las sospechas también se ciernen en torno a la hija del alcalde cuando empezó a trabajar en una de las sociedades señaladas. Fue ella misma quien hizo público el fichaje en su perfil en Facebook.

En Los Alcázares, el coordinador de la agrupación de Ciudadanos, Gabriel Valdés, ya había presentado una denuncia en el juzgado de San Javier señalando al PP en torno a coacciones a miembros de su formación para la elaboración de la lista de las elecciones. 

El primer edil de Los Alcázares ha declinado comentar los hechos a agencias por no disponer aún del contenido íntegro del auto. Solo ha podido tener conocimiento del mismo, asegura, mediante la prensa.

Los miembros de la Junta se han mostrado «muy tranquilos» al actuar «correctamente» con los procesos adecuados «con estricta rigurosidad». Aseguran que siempre han trabajado con los informes preceptivos en secretaría y en la intervención según la Ley de Contratos.

Del mismo modo al Equipo de Gobierno, remarcan, no ha llegado ninguna comunicación o constancia oficial del auto del juez. Igualmente, no sabían que la hija del edil trabajara para una de las empresas implicadas.