Seguridad Nacional avala el ‘hachazo fiscal’ de Sánchez: «Es fundamental mantener la cohesión social»
El Gobierno justifica ante Bruselas el ‘sablazo fiscal’ por la «igualdad de género»
Sánchez se compromete ante la UE a una subida de impuestos de 78.518 millones de euros
Seguridad Nacional avala la necesidad de un «nuevo paradigma fiscal» a través de «la nueva fiscalidad del siglo XXI», el eufemismo bajo el que el Gobierno de Pedro Sánchez cobija su subida de impuestos. Así consta en el informe de 2020 elaborado por el departamento que depende de Presidencia del Gobierno y que este jueves ha sido presentado en el Congreso de los Diputados.
Entre los riesgos y las amenazas para la seguridad española destaca una alusión directa a la política impositiva. El documento argumenta que «es fundamental conseguir una pronta recuperación con la finalidad de mantener la cohesión social y reforzar la economía del país, haciéndola más sostenible».
Y en este sentido, prosigue, «uno de los retos es abordar un nuevo paradigma fiscal que englobe, por un lado, la nueva fiscalidad del siglo XXI, acorde a la realidad económica, ambiental, tecnológica y social, más justa y redistributiva, y, por otro lado, una garantía de un gasto público más eficiente, ambientalmente sostenible y transparente, a través de unos presupuestos y una estrategia de contratación pública adecuados a la nueva situación».
Subida de impuestos
Precisamente esa alusión a la «fiscalidad del siglo XXI» es la que el Gobierno socialcomunista defiende en el Plan de Recuperación recientemente enviado a Bruselas.
Bajo ese eufemismo, Pedro Sánchez expone ante la Comisión Europea su plan fiscal, que afectará a los impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, con el objetivo de igualarlos entre las distintas regiones y evitar bonificaciones como en el caso de la Comunidad de Madrid o Andalucía.
El documento remitido a la UE también plantea la eliminación de la reducción por tributación conjunta, por el depósito de residuos en vertedero, por envases de plástico no reutilizables o por viajes en avión… Una de las medidas que ha provocado más polémica en las últimas semanas ha sido la posible implantación de un peaje por el uso de todas las autovías. El Ejecutivo lo justifica en la necesidad de recabar ingresos para la conservación de las vías y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el Gobierno plantea una revisión de «las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante».
Todo, dice el Gobierno, bajo el pretexto de servir de «catalizador» para lograr transformaciones en ámbitos como la igualdad de género, la conservación del medioambiente o la protección de la salud».
Gestión del Covid
El informe del departamento de Seguridad Nacional avala además la gestión del Covid, señalando que «el principal reto de la economía española es la gestión eficiente de la crisis económica para lograr una recuperación económica sostenible». Y «en este sentido, la reacción de España frente al desafío de la Covid-19 ha sido decidida», se añade.
En este contexto, se van desgranando las medidas aprobadas por el Ejecutivo, con una visión favorable a las soluciones del Gobierno.
«A partir de marzo se ha desplegado un Plan de Choque, seguido desde junio por un Plan de Reactivación para acompañar la recuperación en el segundo semestre de 2020», se puede leer en el informe de Seguridad Nacional.
«Estos planes han incorporado medidas de apoyo a la liquidez y a la solvencia de empresas estratégicas, de adaptación de jornada y teletrabajo, de flexibilización y apoyo público al mantenimiento del empleo mediante los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y de sostenimiento de rentas familiares, con una especial atención a los autónomos y a colectivos especialmente afectados por la pandemia, a través de medidas discrecionales de ingresos y gastos, que han incluido ayudas, moratorias, aplazamientos y ampliaciones de plazos. Para proteger a los colectivos vulnerables se ha creado un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos (Ingreso Mínimo Vital)».
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