La imprescindible protección de la imagen de los testigos policiales

El juez Manuel Marchena comunicaba ayer que la Jefatura de los Mossos había solicitado al tribunal la misma restricción para la difusión de imágenes de sus agentes, a la que se acogen los guardias civiles y policías nacionales citados como testigos. Era la primera vez que dos agentes de la policía autonómica catalana acudían a declarar. Pese a que dicha medida ya había sido concedida por la sala, preguntaba hábilmente el presidente de la misma a los abogados de los acusados si, como habían hecho previamente en el caso de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, querían oponerse. Conformes las acusaciones, las defensas -a contrapie- mantenían su protesta.

El ejercicio de cualquier derecho, por muy fundamental que sea, está sujeto a límites. Afirmar a estas alturas que en España existe el derecho a la información es una perogrullada. Recordar que, como cualquier otro, no en términos absolutos, parece no serlo tanto. Su restricción durante las sesiones de la vista oral del juicio al ‘procés’, en lo que afecta a la grabación y divulgación de ciertas imágenes ha suscitado discrepancias enérgicas, especialmente manifestadas por letrados como André Van den Eynde, Marina Roig o Jordi Pina. En su opinión, esto afecta el principio de publicidad previsto para todas las causas, en general, y ésta, en particular; y, por tanto, perjudica, dicen, el ejercicio de defensa de los acusados a los que representan.

Sin embargo, la decisión de proteger la identidad de los miembros de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos no es una ocurrencia discrecional del presidente Marchena. Existen -tanto en el ordenamiento español como en Protocolo de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial- criterios tasados y comunes sobre la grabación de imágenes, y su publicación, de quienes intervienen en una vista oral. El objetivo es conciliar el derecho a la información con el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de las partes.

El ejercicio de los derechos no es absoluto. La difusión de las imágenes de los testigos policiales, en el juicio al ‘procés’, está limitado por la protección de su honor e intimidad . 

A la luz de los hechos narrados por los miembros de la Guardia Civil que fueron destinados a Cataluña, en el otoño de 2017, sobre lo que allí vivieron en primera persona, no es de extrañar que traten de preservar su anonimato con tanto celo. Sufrieron «escraches organizados, estructurados y orquestados», tanto en los alojamientos en los que unos estuvieron comisionados, provisionalmente, como en los acuartelamientos donde otros residen, habitualmente, con sus familias.

Dos de ellos relatan cómo los días 1 y 3 de octubre vieron a un nutrido grupo de personas aglutinarse frente a sus hoteles de la Seo de Urgell, en Lérida. Hicieron una «cacerolada», con cánticos e insultos contra la Guardia Civil y pancartas reivindicativas de la libertad de expresión. Iban acompañados por un grupo de bomberos uniformados que, con un camión con la sirena puesta, cerraban la concentración y «se dieron un baño de masas», literalmente,»con la gente que estaba allí», aunque no llegan a precisar si dichas personas pertenecían a alguna organización política o social. Resaltan, eso sí, que nunca antes habían vivido  un «odio» semejante «sin razón de ser».

Coinciden en la actitud hostil de los manifestantes con otro compañero guardia civil -encargado de la vigilancia del edificio de la Comandancia de Gerona- que sufrió un episodio similar, fechado en esta ocasión el día 2 de octubre, «cuando ·un convoy de unos 15 vehículos de bomberos, entre camiones, furgones y otros», pasó por delante del acuartelamiento con las luces puestas y haciendo sonar sus sirenas y cláxones. Los ocupantes hicieron entonces «gestos enseñando el dedo anular en forma de peineta, dándose en la cara como que éramos unos caraduras y con los pulgares hacia abajo» y profirieron gritos de «fascistas, hijos de puta y cobardes» añaden.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fueron objeto de todo tipo de ‘escraches’, insultos, ataques y hostigamientos

Abunda en lo dicho el guardia civil a cargo de la seguridad del acuartelamiento de Manresa, en Barcelona, que sufrió un ‘escrache’ de unas 2.000 personas, el 20 de septiembre de 2017. «No hubo perímetro de seguridad de ningún tipo por parte de los Mossos», lamenta. Pidió ayuda, pero un comisario de la policía autonómica le dijo que tenían un «día complicado», así que mientras los concentrados estuvieran «en la acera de enfrente», no actuaban.»Me están colgando una estelada en el mástil», protestó el agente -que en prevención había arriado la española- ante lo que le respondieron: «La estelada la puedes quitar cuando se vayan». No fue necesario. Una vez finalizada la «performance» separatista, en la que se simularon votaciones con urnas de cartón, se la llevaron.

En igual sentido declara el responsable de seguridad del acuartelamiento de Valls, en Tarragona, donde la protesta implicó a unas 150 personas que pegaron propaganda independentistas en el exterior de los muros de la casa cuartel. Los carteles habían sido distribuidos por partidos políticos y asociaciones, como el PDeCAT y la CUP. En su caso, el peor incidente se produjo con uno de los concentrados, a quien cogió «de la mano o del brazo» para identificarle, pero quien -según su relato- se zafó y salió corriendo, momento en el que varios de sus acompañantes se le avalanzaron «con ojos desorbitados» para encarársele.

No corrieron mejor suerte los tres mossos -de los cinco en total que resultaron heridos- en el registro del domicilio de Juan Ignasi Sánchez, el 20-S en Sabadell y que, como hicieron ayer sus compañeros, han narrado con todo lujo de detalles cómo las más de 700 personas congregadas «cargaron» contra ellos y la Guardia Civil. «La masa» se volvió tremendamente violenta y agresiva al descubrir que trataban de habilitar un espacio para la salida de la comitiva judicial: empujones, lanzamiento de patadas al aire, golpes en las plantas del pie…, «nos tiraban del chaleco» y hasta «uno de los manifestantes», añade, «me dio un puñetazo para zafarse de mí».

Señalados en redes sociales

El episodio que sufrieron tres de los guardias civiles destinados a Cataluña -tras su intervención policial durante el referéndum ilegal- el día 2 de octubre, cuando no estaban de servicio y mientras caminaban por Lérida, confirma la importancia de la medida restricción de la imagen personal de los agentes citados a declarar ante el tribunal.

Paseaban de paisano, haciendo turismo por la localidad, cuando se percataron de que una persona les seguía y grababa. «Cuando se entendió descubierto nos dijo que nos había reconocido, porque habíamos estado en su pueblo el día anterior», y comenzó a «amenazarnos» y a insultar. Dijo «que ellos habían ganado la guerra» que «las calles siempre serían suyas» y alentó a la gente contra nosotros.

Por la noche, tras informar de los hechos a su superior, pudieron comprobar que en redes sociales estaban circulando fotos de su intervención el 1-O en un centro de votación, con sus caras «rodeadas por un círculo rojo» y superpuestas a las que les había hecho el individuo en Lérida, unas horas antes. La publicación se acompañaba de una leyenda que llamaba a identificarles porque «eran guardias civiles» que habían paseado tan tranquilos «por su barrio» mientras «pegaban a gente de su pueblo el día anterior».

Las defensas de los acusados se han opuesto a la restricción de la imagen, acordada por el tribunal para los agentes de los tres cuerpos policiales

Llegados a este punto, conviene igualmente recordar cómo hace unas semanas, tras la declaración de la secretaria judicial, el entorno separatista publicó de manera incesante en redes sociales su imagen, previamente blindada por el tribunal.

«Estoy de acuerdo con la medida, señoría» aseguraba en aquel momento el abogado Jordi Pina «pero quiero que conste que no en el extremo de que sea necesaria por la situación que se vive en Cataluña». Quizás, sólo quizás, olvida el letrado que es precisamente ese detalle, y no otro, el que determina que los hechos objeto de enjuiciamiento y los relatos con que los describen quienes los protagonizaron, sin quererlo, sean los que son. También que, precisamente los mismos, hacen a los testigos policiales dignos de especial protección.