Hacienda retiene a las viudas de los guardias civiles la mitad de la dotación económica de las medallas impuestas

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 19/04/2026 05:52
  • Actualizado: 19/04/2026 05:52

Hacienda retiene a las viudas de los guardias civiles la mitad de la cuantía de las medallas impuestas a sus maridos asesinados en acto de servicio. «Marlaska se da golpes de pecho al concederlas, pero es una vergüenza lo que nos queda. Son míseras», declara a OKDIARIO una de las afectadas, que exige que estén exentas de tributos, como las otorgadas por actos de terrorismo.

Se trata de Raquel Pérez, la viuda del guardia civil José Manuel Arcos, asesinado en octubre de 2018 en la localidad granadina de Huétor Vega a manos de un delincuente común conocido como El Kiki. 

«Estas medallas tendrían que estar exentas del IRPF porque nuestros maridos dieron su vida por quitar a asesinos de la calle», sostiene. Y como ella muchas otras víctimas, que prefieren mantenerse en el anonimato. Según explican, pierden la mitad de la dotación por el mero hecho de tener dos pagadores: por un lado, Clases Pasivas con la pensión y, por otro, Interior con la medalla. Y critican que «el Gobierno, sabiendo esto, no hace las correcciones legislativas necesarias para subsanar esta situación».

«¿Acaso existe alguna diferencia entre asesinar a un agente por un acto catalogado de terrorismo y un acto de asesinato? No. Es lo mismo», sentencia Raquel Pérez.

En el caso del agente Arcos, la condecoración impuesta a título póstumo es la Cruz de la Orden del Mérito con distintivo rojo. Lo cierto es que la ​​Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, señala claramente que al «resultar muerto en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor; ni por imprudencia, impericia o accidente» corresponden la Medalla de Oro o de Plata al Mérito Policial.

La Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo se concede cuando el agente sólo «resulta herido en acto de servicio». Y en este caso, el agente fue asesinado.

Batalla judicial de siete años

Raquel Pérez es una mujer coraje que ha tenido que librar, junto a sus hijos, una batalla judicial de siete años hasta conseguir Justicia. Finalmente, la ha conseguido esta semana, tras denunciar públicamente en OKDIARIO que el Ministerio del Interior, en manos de Fernando Grande-Marlaska, estaba bloqueando el pago de la indemnización de 334.200 euros que le fue impuesta el pasado mes de septiembre por la Audiencia Nacional en una sentencia pionera que alcanzó firmeza en noviembre.

Ante esa larga espera de cuatro meses y medio, Raquel Pérez se sentía “ninguneada por Marlaska” y se vio obligada a tener que pedir la ejecución de la resolución, como reveló en exclusiva en este diario en una información publicada el pasado sábado.

Finalmente, este pasado miércoles, cuatro días después, la Audiencia Nacional le ha comunicado que Interior ha consignado la indemnización y que la recibirá en los próximos días.

Pese a cerrar, por fin, esta batalla judicial a Raquel Pérez le queda otra espinita clavada en su corazón que no quiere guardarse, sino gritarla a los cuatro vientos. Y es precisamente que la dotación económica de la medallas que se imponen a título póstumo a los agentes muertos en acto de servicio «son una mísera limosna y encima se lleva la mitad Hacienda». 

Se pronuncia así una mujer que perdió a su marido, tras 26 años de relación, porque un ladrón lo asesinó de un disparo cuando el agente intentaba detenerlo. Y se quedó viuda y con dos hijos a los que sacar adelante, y teniendo que pagar una hipoteca.

El Kiki arrebató al agente Arcos el arma reglamentaria y, durante un forcejeo, le descerrajó un tiro que acabó con su vida. La funda de su arma no era antihurto ni tampoco se le había dotado de un chaleco antibalas.

Indemnización por daño moral

Esta familia ha estado asistida por un abogado que ha llevado el caso de forma «totalmente altruista, gratuita», según revela la viuda de Arcos a este diario: el letrado Javier López y García de la Serrana. «Gracias a él hemos conseguido esto porque yo no podría haber hecho frente a este caso con mi pensión», declara emocionada.

Recientemente, su abogado ha sido investido como Guardia Civil Honorario por «más de veinte años de colaboración desinteresada y compromiso inquebrantable con la Benemérita». Por brindar durante este tiempo apoyo legal desinteresado a cientos de miembros del Cuerpo y sus familias.

En este caso, primero emprendieron la vía penal, con la que lograron en noviembre de 2020 que la Audiencia de Granada condenara por homicidio al autor de los hechos a 22 años y medio de prisión. La sentencia también imponía al condenado una indemnización a los familiares de la víctima.

Sin embargo, al declararse insolvente, la familia se vio obligada a tener que acudir también a la jurisdicción Contenciosa para reclamar al Estado que se hiciera cargo de la indemnización.

Interior intentó librarse del pago alegando que los daños personales y patrimoniales de los familiares son totalmente ajenos a la relación especial de servicios que vinculan a los guardias civiles y policías con la administración. Sin embargo, la Audiencia Nacional dio la razón a esta familia.

Abre la vía a otras familias

Y de esta importante sentencia también se beneficiarán otras familias de guardias civiles y policías que se vean en estas situaciones tan dramáticas, ya que obliga al Estado a indemnizar a las familias de policías y guardias civiles asesinados en acto de servicio cuando los condenados se declaran insolventes. Hasta entonces, esta vía había sido inexplorable.

Esta sentencia extendió el principio de indemnidad a familiares. A partir de esta resolución pionera ya no saldrá gratis, jamás, matar a un guardia civil, teniendo que hacerse cargo el Ministerio del Interior de las indemnizaciones.

Dentro de su «enorme pena» por la pérdida de su marido, Raquel Pérez tiene, al menos, esta satisfacción. La de haber abierto esta vía y que «los agentes que están dando su vida por nosotros, tengan la certeza de que su familia no se quedará desamparada».

En su caso, «sí se ha sentido abandonada y mucho por Marlaska». «Llegó tarde al funeral y lo tuvimos que esperar; luego tardó 15 meses en firmar la medalla, por lo que tardaron en reconocer esta ayuda; y después Interior luchó para no tenerme que pagar la indemnización», explica indignada.

Por su parte, la lucha de Raquel Pérez ahora es reivindicar que la dotación económica de las medallas queda exenta de impuestos.