El Gobierno sancionará a partir de ahora filtraciones como la que salió de Moncloa del novio de Ayuso

El Gobierno comenzará a aplicar la normativa de «integridad» que incluye sanciones a los funcionarios y altos cargos que incumplan el principio de confidencialidad. Esta normativa persigue la «publicación de información obtenida por razón de su cargo», algo que recuerda enormemente a la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso que ha salpicado a varios altos cargos de La Moncloa.

Este martes, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, encabezado por Óscar López, ha adoptado un acuerdo para la implantación general y el impulso del Sistema de Integridad de la Administración General de Estado, un conjunto unificado de medidas que tiene como propósito promover y consolidar de manera global una cultura de integridad y valores éticos en la actuación de todo el personal de la Administración General del Estado.

El código de buena administración se orienta a los empleados públicos, mientras que el código de buen gobierno se refiere a los altos cargos. Uno y otro definen y desarrollan los principios y valores éticos recogidos en la normativa y los complementan con directrices de actuación que pretenden ayudar en la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan los empleados públicos y las personas que ejercen responsabilidades públicas en la garantía del derecho a la buena administración y gobierno del conjunto de la ciudadanía.

En este decálogo de buenas prácticas, el Ejecutivo establece un listado de infracciones calificadas como «muy graves» y que conllevaran sanción para el alto cargo que las infrinja. Entre ellas, una muy destacable: la confidencialidad. «La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función», reza el documento de integridad.

Una afirmación que da de lleno en el caso del Fiscal General del Estado. El Supremo confirmaba que los indicios apuntan a que los emails con los datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso distribuidos a la prensa afín al PSOE pasaron por Moncloa. En este punto, las acusaciones podrían volver a pedir la imputación de los cargos de Moncloa mencionados por la UCO de la Guardia Civil como poseedores del email: Pilar Sánchez Acera, asesora del ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez; Óscar López; Francesc Vallés, entonces secretario de Estado de Comunicación; Laura Martínez, jefa de prensa de la ministra de Vivienda; y Ion Antolín, jefe de prensa del PSOE.

Así, de aplicarse el recién aprobado Sistema de Integridad de la Administración General de Estado, estos altos cargos y funcionarios vinculados al PSOE se enfrentarían a sanciones que van desde el despido disciplinario a la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.

WhatsApps Moncloa-PSOE

La investigación del Supremo destapaba cómo la información llegó hasta Juan Lobato, entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, tras hablar con la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera. Los mensajes recuperados muestran las dudas iniciales de Lobato: «Porque si no, parece que me la ha dado la Fiscalía», escribió en un WhatsApp a las 8:44 de la mañana. «Y Pilar [Sánchez Acera] quiere que yo saque el mail de Fiscalía. Que no ha salido, pero que lo saque yo. No puede ser», añadía minutos después.

El director del Gabinete del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, David del Campo, advirtió a Lobato sobre las verdaderas intenciones detrás de esta estrategia: «Juan, en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, tú también jueves a jueves dando la cara ante ella.

Más tarde que pronto volverá la Amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña, que van a ser como Gran Hermano VIP y tú seguirás en tu escaño y recorriendo la Comunidad de Madrid». A todo esto, Lobato confirma que está en lo cierto: «Yes». Sin embargo, esta operación partidista se ha cobrado la cabeza de Lobato, que trató de protegerse llevando los mensajes a un notario y tuvo que declarar en el Supremo, y ha encumbrado al jefe de Sánchez Acera, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, como sustituto de Lobato.

El magistrado instructor del caso detallaba cómo, ante las reticencias de Lobato para usar un documento no publicado, «desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio El Plural del correo». El documento se publicó con los datos personales ocultos, a diferencia de la versión que inicialmente había recibido Lobato de Presidencia, para su posterior uso en la Asamblea de Madrid.