El Gobierno deja tirados a los inmigrantes a los que abrió las puertas: Sánchez les deniega el asilo

Un año después de su desembarco en el puerto de Valencia, más de una decena de refugiados que iban a bordo del Aquarius están a punto de perder todos los derechos que les otorgó el Ejecutivo de Pedro Sánchez y verse en la calle y siendo, otra vez, unos ilegales sin papeles ahora en territorio español. El Gobierno prometió entonces que ofrecería asilo a los 629 inmigrantes que llegaron a la ciudad del Turia, pero la realidad es muy diferente.

Los del Aquarius fueron recibidos en Valencia por más de 2.000 personas, en un dispositivo sin precedentes, en lo que fue una gran operación de marketing del Gobierno a los pocos días de llegar a La Moncloa. En su libro ‘Manual de Resistencia’ Sánchez se vanagloriaba de «haberles salvado la vida’, aunque ahora está a punto de dejarlos a la intemperie.

Estos refugiados, que viven con incertidumbre cuál será su futuro, no son los únicos que se encuentran en esta situación. Otros inmigrantes, que llegaron al puerto de Barcelona, están en una situación similar. Todos, casi medio centenar en total, deberán abandonar en los próximos días el sistema de acogida al que fueron trasladados a su llegada a España. Con esta expulsión perderán también el derecho a trabajar y a vivir en nuestro país, por lo que pueden ser deportados en cualquier momento.

Desde la Comisión Interministerial dependiente del Ministerio del Interior, que regula estos asilos, consideran que estos refugiados no reúnen los requisitos necesarios para ser asilados, al no poder acreditar ser perseguidos en sus países de origen. No obstante, como ha ocurrido con miles de venezolanos en España, hay otras formas de otorgar ese asilo aunque con menos prestaciones sociales.

Entre los afectados hay seis egipcios, repartidos por varias ciudades catalanas, que a lo largo de esta semana deberán abandonar los lugares donde fueron acogidos al pisar España. Inicialmente no serán deportados, por lo que se encontrarán en situación irregular en nuestro territorio, pero no podrán ni trabajar, ni acudir al sistema público de salud ni pedir ayudas.