El Gobierno da 1,8 millones en un año a una ONG de ex altos cargos socialistas para acoger ilegales

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política y parlamentaria
• • 20/12/2024 06:45
  • Actualizado: 20/12/2024 12:41

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado 1,8 millones de euros en contratos y subvenciones a la ONG Movimiento por la paz, el desarme y la libertad (MPDL), afín al PSOE, para la acogida de inmigrantes irregulares en el último año, esto es, desde que se disparara la llegada masiva de ilegales en otoño de 2023. Así consta en el Portal de Transparencia de la Administración y en el Sistema Nacional de Subvenciones.

Esta entidad está gestionada por ex cargos socialistas y tiene como afiliada, según recoge en su propia declaración de intereses a la actual vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la UE y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, ex vicepresidenta tercera del Gobierno y ex ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, desde el 14 de noviembre de 2023, esta ONG ha recibido diez contratos por un importe total de 1.169.667 euros tareas de acogida de casi un millar de inmigrantes irregulares (925). A ello, hay que sumar una subvención otorgada también por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por valor de 693.130 euros. Esta ayuda fue concedida el 4 de diciembre de 2023 dentro de la convocatoria de subvenciones «para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de extranjería, destinadas a la defensa de los derechos humanos del colectivo de personas extranjeras, así como a favorecer la convivencia y la cohesión social». Estas asignaciones están «cofinanciadas por fondos de la Unión Europea».

De esta manera, la ONG Movimiento por la paz, el desarme y la libertad (MPDL) ha recibido por ambas vías un total de 1.862.797 euros de dinero público desde que estallara la actual crisis migratoria. La Junta directiva de esta organización está encabezada por dos veteranos socialistas: Paca Sauquillo (presidenta de honor) y Manuel de la Rocha Rubí (presidente). La primera fue diputada en el Congreso, en la Asamblea y en el Parlamento Europeo con el PSOE y presidió el Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid bajo mandato de Manuela Carmena.

Mientras que el segundo, De la Rocha Rubí, también en su día parlamentario socialista en las Cortes y en la Cámara de Vallecas, ejerció como alcalde de Fuenlabrada y consejero de Educación de la Comunidad de Madrid en los años ochenta. Su hijo es el economista Manuel de la Rocha Vázquez, actualmente secretario de Estado y director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 en la Presidencia del Gobierno.

En su caso, Movimiento por la paz, el desarme y la libertad (MPDL) es una de las 14 ONG con las que trabaja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para encauzar la llegada masiva de irregulares a las costas españolas, fundamentalmente a Canarias.

Según indica el Ejecutivo en una reciente respuesta parlamentaria a Vox, el Gobierno «dispone de una red de recursos y capacidades de atención humanitaria y de acogida gestionados directamente a través de centros públicos o bien indirectamente con entidades del tercer sector autorizadas a prestar servicios mediante acción concertada distribuidos en todo el territorio nacional».

Estas entidades son las siguientes, según detalla: Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem); Federación Andalucía Acoge (Acoge); Asociación Familia Vicenciana (Afavi); Fundación EMET Arco Iris (Arco Iris); Nuevo Hogar Betania (Betania); Asociación Cardijn (Cardijn); Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes (Cepaim); Cruz Roja Española (CRE); Fundación Cruz Blanca (FCB); Fundación La Merced Migraciones (La Merced); Llar de Pau Hijas de la Caridad provincia de Barcelona (Llar de Pau); Fundación Prolibertas y el citado Movimiento por la paz, el desarme y la libertad (MPDL).

Según sostiene el Gobierno, estas ONG se encargan de la prestación de servicios y actuaciones que «tienen que ver con la acogida (alojamiento y manutención, material básico de aseo e higiene personal, vestido y calzado y un botiquín, entrega de material didáctico para menores, atención sanitaria básica, apoyo psicológico, información, orientación, asesoramiento y apoyo social, cívico, sanitario, legal, para obtención de la documentación que pudieran necesitar, así como información sobre acceso a otros recursos y servicios públicos y privados…), con los traslados (a recursos, hospitales…) y con la atención en servicios específicos (costas, grandes ciudades…)», precisa el Ejecutivo en su contestación parlamentaria a Vox.

Vuelos contratados

Tras su llegada en avión a la Península desde Canarias en aeronaves contratadas por el Gobierno -OKDIARIO informó el pasado octubre del registro de más de 170 vuelos en doce meses- estos inmigrantes irregulares son recibidos por estas ONG designadas por el Gobierno de Sánchez y conducidos en autobuses a otros puntos de la geografía española, siendo alojados en albergues, pisos turísticos, hoteles o balnearios, entre otras dependencias. También el Ejecutivo ha convertido instalaciones militares en centros de acogida.

Se da la circunstancia de que tanto el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska como el de Migraciones que dirige Elma Saiz han evitado informar a la opinión pública sobre del número concreto de irregulares que han llegado a la Península en estos vuelos semiclandestinos en el último año. También se desconoce el número de acogidos por destinos.