La Fiscalía pide que CCOO y UGT devuelvan las subvenciones que se quedaron de los fondos de formación

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 30/03/2019 06:46
  • Actualizado: 30/03/2019 10:50

La Fiscalía no sólo ha solicitado de forma urgente la paralización de las entregas pendientes de las subvenciones ligadas a proyectos de formación presentados por UGT y CCOO en Extremadura. La gravedad del fraude descubierto en las investigaciones -que puede elevar la cuantía del desvío de fondos por encima de los 100 millones de euros- y la complejidad del caso ha hecho que la Fiscalía pida ya el “embargo cautelar de bienes suficientes” de las “entidades beneficiarias [CCOO y UGT, fundaciones y empresas investigadas]” para “garantizar posibles responsabilidades civiles”.

Es más, la Fiscalía recuerda que estas son sólo algunas de las medidas. Porque todo ello es “sin perjuicio de las actuaciones administrativas de repercusión y recuperación de importes de las subvenciones públicas concedidas en esta convocatoria analizada”.

La Fiscalía subraya, de esta manera, la enorme gravedad del latrocinio de fondos llevado a cabo por UGT y CCOO en Extremadura, tal y como está avanzando día a día OKDIARIO.

La acusación popular del PP considera que el volumen defraudado puede haberse amasado a lo largo de décadas y que su cuantía difícilmente quedará por debajo de los 100 millones de euros. Y la Fiscalía no quiere que se ponga en peligro ni un euro más.

Por ello, además, el Ministerio Público “atendidas la concurrencia de numerosos hechos presuntamente delictivos y de numerosas personas objeto de difícil investigación, volumen de las pruebas documentales ya recabadas y periciales jurídicas y que será probablemente preciso ampliar”, ha decidido solicitar “la declaración judicial de complejidad de la instrucción de este procedimiento penal”.

Y es que, como ya adelantó este diario, la UCO se encuentra en estos momentos desbordada y ha reclamado más medios para poder ampliar la investigación a otras partidas de subvenciones y años. Porque los primeros testimonios apuntan a una práctica defraudadora extendida a lo largo de años y eso puede disparar el volumen de dinero desviado y, por supuesto, la cantidad que los sindicatos deberían devolver en concepto de subvenciones utilizadas con un fin ajeno por completo al diseñado: los fondos de formación.

El escrito del Ministerio Público no deja lugar a dudas sobre las evidencias de delito en el comportamiento de los sindicatos hermanos del PSOE (UGT) y de IU -ahora apadrinado por Podemos- (CCOO). “Respecto a las entidades beneficiarias UGT Extremadura y Comisiones Obreras Extremadura se observa que la mayor parte de los hechos investigados habrían sido cometidos presuntamente” con la participación de entramados comandados por “las entidades IFES Extremadura (UGT) y Forem Extremadura (CCOO)”, señala la Fiscalía.

Los hechos relatados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Fiscalía reflejan que CCOO y UGT participaron en un latrocinio de los fondos de formación regionales. Ambos sindicatos, igualmente, utilizaron redes de sociedades interpuestas para camuflar las prácticas y disparar el lucro provocado por el inflado sistemático de facturas.

Con ese fin, ambas formaciones sindicales enchufaron a falsos profesores con sueldos elevados artificialmente para llevarse el dinero de los fondos de formación que repartía sin control la Junta de Extremadura comandada por el socialista Guillermo Fernández Vara.

La UCO y la Fiscalía siguen con su investigación y no dejan de destapar prácticas que apuntan, como señala el Ministerio Público -Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada-, “a nivel indiciario a diversas conductas de apariencia delictiva que justifican la formulación de esta oportuna denuncia”.

Entre los mecanismos de fraude figura el “incremento artificioso del coste de las nóminas del personal docente, el desvío de subvenciones públicas “a financiar gastos de personal de la estructura” de Comisiones Obreras y de UGT; y la “aplicación [de las subvenciones] en gastos justificados mediante nóminas del personal de Extremadura que no se ajustan a valor de mercado”.