El fiscal aprecia delitos de terrorismo en los sucesos de Alsasua y pide elevar las penas
El fiscal ha pedido hoy que la Audiencia Nacional eleve las penas a las que fueron condenados los ocho acusados por agredir brutalmente en la madrugada del 15 de octubre de 2016 a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua (Navarra) al estimar que fue un acto terrorista y ha rechazado la "teoría del montaje" que difunden los acusados.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha celebrado este miércoles la vista de los recursos contra la resolución de este tribunal presentados por la Fiscalía y las defensas de los condenados de Alsasua, que han reclamado su absolución al estimar que no se ha probado la versión de las acusaciones.
La Audiencia Nacional condenó el pasado mes de junio a 13 años de prisión a Ohian Arnanz; a 12 a Adur Ramírez y Jokin Unamuno; a 10 a Iñaki Abad; a nueve a Julen Goicoechea, Jon Ander Cob y Aratx Urrizola; y a dos a Ainara Urquijo, siendo esta última la única que se encuentra en libertad, por delitos de atentado, lesiones y desórdenes públicos.
El fiscal José Perals estima que deben ser condenados a penas de entre 12 y 62 años de cárcel por delitos de amenazas y lesiones terroristas o alternativamente a entre 6 y 17 años de prisión por terrorismo y desórdenes públicos.
Durante su informe, el fiscal ha rechazado la tendencia de las defensas de hacer ver que este procedimiento es fruto de una «conspiración de la Guardia Civil y de un montaje policial».
«No es una causa general de la Guardia Civil contra los ocho condenados sino que se trata de un procedimiento por atentado contra agentes de este Cuerpo en el que hubo dos mujeres que también resultaron brutalmente agredidas», ha resaltado el representante del Ministerio Público.
Respecto a los seis testigos que han declarado hoy a petición de las defensas, ya que no comparecieron durante el juicio, el fiscal ha señalado que no han aportado nada que desvirtúe los hechos declarados probados tras el testimonio de otras veintiséis personas en el juicio ya que además son amigos de los condenados.
La Abogacía del Estado se ha adherido al fiscal y también han mantenido sus acusaciones el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Por su parte, los abogados defensores han alegado que las declaraciones de los seis jóvenes que han comparecido hoy sí pueden ser tenidas en cuenta para absolver a los condenados por la agresión al teniente y al sargento de la Guardia Civil y a sus parejas.
En concreto, uno de los letrados defensores, José Luis Galán, ha manifestado que sobre todo el testimonio de una joven que fue amiga de la mujer del teniente agredido «pone de manifiesto la falta de credibilidad general de todos los denunciantes».
Esta joven ha asegurado que no presenció ninguna agresión en el bar, que solo vio «vasos de chupito volando» y que cuando estaba en la calle vio al teniente tendido en el suelo y a su pareja a su lado asustada, por lo que les ofreció ayuda pero que esta última no la aceptó.
Al respecto el abogado de COVITE ha recordado que otro testigo declaró en el juicio que «cuando el teniente estaba con un tobillo roto en el suelo varios jóvenes organizaron carreras para ir pegándole patadas». El letrado ha apostillado: «A esto hay quien le llama pelea de bar».
La vista ha sido celebrada ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, formada por el presidente de este tribunal, José Ramón Navarro, y los magistrados Eloy Velasco y Enrique López.
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