España
La reforma fiscal del Gobierno

El fichaje de Sánchez para disparar los impuestos en Madrid plantea un subidón de 84.000 millones en España

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado un comité de expertos comandado por dos ex altos cargos del Gobierno del PSOE de Rodríguez Zapatero para subir los impuestos de los madrileños. Los dos ‘independientes’ tienen en su mano buena parte de los trabajos para elevar en Madrid el Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.

El comité está presidido por el catedrático Jesús Ruiz-Huerta, principal impulsor de las reformas que se alumbren en ese organismo. Y él ha defendido en un estudio publicado en 2015 que España tiene un amplio margen para subir impuestos: nada menos que entre 6 y 7 puntos del PIB hasta igualar la media de la UE: una subida que equivaldría a 84.000 millones de euros.

El autor de esa afirmación es Jesús Ruiz-Huerta. Fue el director del Instituto de Estudios Fiscales entre 2004 y 2008, en plena etapa de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, un centro dependiente del Ministerio de Hacienda. De hecho, Ruiz-Huerta fue el encargado de frenar buena parte de la inercia de ese departamento lanzada bajo el Gobierno de José María Aznar.

La ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, ha explicado antes del acto de presentación de dicho comité de expertos que espera que se puedan poner en marcha algunas subidas de impuestos ya en 2022, con «especial interés» en los referidos a los grandes patrimonios.

Y, efectivamente, ha fichado a la persona perfecta: alguien que considera que la presión fiscal en España es baja y que se puede seguir subiendo hasta nada menos que unos 84.000 millones de euros adicionales.

Economistas sin Fronteras

El estudio fue publicado en 2015. Se realizó para Economistas sin Fronteras y se publicó bajo el título “Fiscalidad: eficiencia y equidad”.
Allí, el independiente ex cargo de Gobiernos del PSOE señala que “la fiscalidad es el medio esencial para financiar los gastos que garantizan el funcionamiento de los servicios públicos. Hacen falta recursos tributarios para que, en sociedades como la nuestra, las pensiones, la sanidad, los servicios educativos o los servicios sociales funcionen adecuadamente, atendiendo las necesidades de los ciudadanos. En gran medida, la fiscalidad es el complemento necesario del reconocimiento y defensa de los derechos sociales consagrados en las constituciones modernas”.

Es más, según él, “se demanda a la fiscalidad que, en coherencia con los servicios públicos, ayude a corregir las desigualdades que se producen como resultado del funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y factores productivos”.

Según el presidente del comité de expertos que busca subir los impuestos en Madrid, “en un mundo en el que, según la información disponible, la desigualdad muestra un crecimiento intenso, no parece que pueda justificarse el abandono del sistema impositivo para combatir los crecientes efectos desigualatorios que se producen en los mercados”.

Por ello, “la realización efectiva de los principios señalados exige que se disponga de recursos suficientes, es decir, un nivel de presión fiscal que permita financiar adecuadamente los servicios y se distribuya según criterios de justicia y eficiencia”.

¿Y qué nivel de subida de impuestos puede garantizar esa financiación, según el experto? “En esta dirección, se puede decir, en contra de la afirmación sesgada mantenida por sectores conservadores, que el nivel de presión fiscal, entendido como la suma de la recaudación de todos los tributos y las cotizaciones sociales en España, y en porcentaje del PIB, es hoy inferior en un punto a la media de la OCDE y entre 6 y 7 puntos respecto a la media de la Unión Europea”, afirma Ruiz-Huerta.

El cerebro de las futuras subidas fiscales señala en consecuencia que “esto parece indicar que habría recorrido para intentar igualar las prestaciones de otros países y, sobre todo, que no parece imprescindible -como se hace en algunas ofertas electorales- rebajar los impuestos”.

Traducido: igualar a los países de la UE supondría subir los impuestos hasta en 84.000 millones de euros. La recaudación fiscal en 2020 por un impuesto como el IVA ha sido de 63.337 millones de euros, con lo que, la subida potencial que admite Ruiz-Huerta superaría con creces el hecho de cobrar un segundo IVA entero.