El Defensor del Pueblo: «Hubo actitudes escasamente tolerables tras la muerte del mantero»

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, investiga los sucesos que rodearon a la muerte de un joven senegalés Mmame Mbage, de 35 años en el céntrico barrio madrileño de Lavapiés. «Pasadas las primeras horas, desde que se supo de la existencia de este suceso, hubo actitudes escasamente tolerables por mucha gente», sostiene.

Así se expresa Fernández Marugán en una entrevista concedida a Europa Press, en la que recuerda que el pasado 16 de marzo abrió una actuación de oficio con el Ayuntamiento de Madrid para solicitar información sobre el caso del joven senegalés y añade que no ha sido «la primera vez» que lo hace. «Vamos a esperar a ver qué dicen», subraya.

Preguntado sobre en qué otras ocasiones ha tenido que abrir una actuación de oficio, el Defensor del Pueblo en funciones afirma que «aquí ha habido una serie de incidentes de todo tipo, relacionados con actitudes intolerantes». «Ahora vamos a seguir hablando con la gente. El Ayuntamiento no nos ha contestado porque, entiendo, que el suceso se produjo hace poco y vamos a ver qué entienden que ha ocurrido allí», recalca.

«Una formación política muy concreta»

En este sentido, Francisco Fernández Marugán asegura que «normalmente» las respuestas que su oficina recibe por parte de las administraciones son «con una información relativamente ceñida a los hechos». «Nosotros trabajamos con la información de las administraciones y no tenemos ninguna duda de que ellas en sus investigaciones se ajustan a la verdad», indica, para después añadir que si la respuesta no es satisfactoria, el Defensor preguntará «más» al respecto.

Tres días después que el mantero senegalés Mame Mbage falleciera a causa de una parada cardiorespiratoria en el madrileño barrio de Lavapiés, Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición de ley en la que propone una modificación del Código Penal para regresar a la situación anterior a 2015, cuando la venta en el ‘top manta’ estaba penalizada con una multa administrativa y no con la cárcel, como ocurre actualmente tras la reforma del PP.

A este respecto, el Defensor del Pueblo en funciones hace hincapié en que se trata de la propuesta de «una formación política muy concreta», mientras que otros partidos «tienen otra opinión», y agrega que «si lo viera claro y lo considera conveniente» la institución que dirige podría recomendar algún tipo de actuación.