Casado exige a Sánchez el cese de Iglesias: «Que cumpla la misma vara de medir que exigía en su moción»

Terremoto político. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha concluido en una exposición razonada que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, delinquió en el caso Dina-Iglesias y ha pedido al Tribunal Supremo que le investigue.

Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. Uno de los primeros ha sido el líder del PP, Pablo Casado, que ha exigido al presidente del Gobierno el cese de su vicepresidente: «Sánchez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias».

«La Audiencia Nacional acaba de pedir al Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura», ha defendido Casado en su red social.

El juez  de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada con los indicios delictivos cometidos por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Dina-Iglesias según ha podido saber OKDIARIO por fuentes jurídicas.

En el escrito de 63 páginas, el magistrado solicita que se investigue a Pablo Iglesias, a la diputada Gloria Elizo y al letrado Raúl Carballedo por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, simulación de delito y denuncia falsa o estafa procesal. En la exposición razonada remitida al Supremo afirma que Dina Bousselham y su marido Ricardo Sa Ferreira pudieron cometer un delito de falso testimonio.

El instructor pide al Alto Tribunal que se investigue al líder de Podemos, que tiene condición de aforado por su doble cargo como diputado en el Congreso y como miembro del Ejecutivo. Iglesias se va a beneficiar de este privilegio que, como el mismo reprochó en múltiples ocasiones antes de llegar al Ejecutivo, disfruta en exclusividad «la casta política» de la que ahora forma parte.

El magistrado y los fiscales anticorrupción retiraron al vicepresidente segundo de Pedro Sánchez la condición de perjudicado en el procedimiento al considerar que no era víctima de unas supuestas «cloacas del Estado» tal y como él mismo había denunciado. Su única intención fue utilizar esta causa antes de las elecciones generales del 28 de abril para hacer campaña política.