El caos penitenciario de Marlaska: aumentan un 70% los presos que se fugan aprovechando un permiso

El Ministerio del Interior tiene un problema en las cárceles. Desde 2020, se han incrementado en un 70% las fugas de presos que han aprovechado un permiso penitenciario para no volver a sus centros de internamiento. Estas fugas, que se frenaron de forma determinante durante la pandemia, han ido creciendo en años sucesivos, sumando un total de 2.000 reos que han aprovechado esta coyuntura para escapar de prisión.

Así consta en una respuesta del Gobierno a una pregunta escrita formulada por el Partido Popular, en la que se especifican los datos de los reos que no han vuelto a la cárcel después de un permiso penitenciario desde 2019 hasta 2024 y también de aquellos presos que se fugaron desde dentro en el mismo periodo. En 2024, se han fugado un total de 454 presos durante este tipo de permisos, dos menos que en 2023, pero una cifra muy superior al año de la pandemia, cuando se registraron 269 huidas aprovechando esta coyuntura. De esta forma, en 4 años, el número de presos que se han escapado de los centros penitenciarios gracias a estos permisos se ha incrementado un 70%.

Sin embargo, en lo que respecta a las fugas de las cárceles por parte de internos, el año de la pandemia fue el que más registró de los últimos cuatro. Mientras que en 2019 no se produjo ninguna, en 2020 hubo tres. En 2021 tampoco se fugó ningún preso, mientras que en 2022 se registraron dos escapes, y en 2023 sólo uno. El pasado 22 de diciembre de 2024 se produjeron las dos únicas fugas del año: dos reclusos del centro penitenciario de Picassent (Valencia) que lograron escapar de noche y que fueron arrestados en febrero y marzo por la Policía Nacional y la Guardia Civil. 

Fugas de centros hospitalarios

Los datos de Interior revelan que, mientras el número total de fugas se ha mantenido estable respecto a años anteriores, se han triplicado las evasiones producidas cuando los presos están en los centros hospitalarios y en las clínicas médicas. De hecho, ese tipo de fugas suponen nada menos que el 60% de todas las registradas durante el año pasado.

A pesar de ello, poco o nada están haciendo por revertir el problema las administraciones implicadas, tanto el Ministerio del Interior como las comunidades autónomas. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclaman que se habiliten en los hospitales y juzgados garajes, o al menos zonas seguras, con acceso directo y restringido para poder extraer con la suficiente seguridad a los presos de los vehículos policiales, con el fin de evitar los riesgos de fugas y agresiones que se producen cuando esos cometidos se llevan a cabo en plena calle, que es lo que está ocurriendo ahora.

Así como que se habiliten en los centros hospitalarios dependencias de custodia adecuadas y separadas del resto de pacientes y usuarios, no solo por seguridad sino también para respetar el derecho a la privacidad y dignidad de las personas internas en centros penitenciarios garantizado en la normativa reguladora.

«La medida que más ayudaría a atajar esta situación sería la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios a las comunidades autónomas, obligación establecida por una ley hace más de veintiún años que está siendo incumplida por el gobierno estatal y por los ejecutivos autonómicos. Esa transferencia mejoraría la atención sanitaria que reciben los internos y reduciría considerablemente el excesivo número de traslados que se realizan actualmente, lo cual reduciría mucho las fugas, los riesgos de seguridad y las miles de consultas y pruebas médicas canceladas por falta de agentes para trasladarles», aseguran.