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Bolaños gasta 30.000 € para blanquear su ley para controlar a los jueces con un curso que cierra él mismo

Se trata del Curso de Verano de la Complutense titulado 'Justicia en España: La mayor transformación en décadas'

Bolaños asegura que, de no aprobarse su reforma, conllevaría una "sanción millonaria" de la UE

El curso de la Universidad Complutense de Madrid en el que se ha ensalzado la reforma de Félix Bolaños para controlar a los jueces ha costado 30.000 euros y se ha clausurado con la participación del político socialista. Esta acción pretende blanquear la norma, criticada por las asociaciones judiciales por «afectar gravemente a principios constitucionales».

El Gobierno de Pedro Sánchez suscribió un convenio entre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Bolaños, y la Complutense «para la organización del curso Justicia en España: La mayor transformación en décadas». Éste se enmarca en los Cursos de Verano de la Complutense que la Fundación General de la Universidad organiza cada año.

La cartera de Justicia se hará cargo de 15.000 euros del proyecto en el que se pondrá en valor la reforma puesta en marcha por Bolaños mientras que la Fundación de la Universidad asumirá otros 13.643,30 euros.

En total, los 28.643,30 euros se distribuirán en diversos gastos, como el pago de 6 ponentes, sus traslados y sus estancias. También incluye su difusión, la creación de la cartelería, el alquiler de la sala y los trabajos externos y de tipo técnico para poner en marcha el curso.

Bolaños: «La reforma más necesaria»

«El título de este curso es exactamente lo que estamos haciendo en esta legislatura desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que es llevar a cabo la reforma más ambiciosa, más necesaria, más imprescindible del servicio público de la justicia en nuestro país para ponerlo en estándares europeos», se ha vanagloriado este lunes el titular de Justicia en la clausura del curso.

Bolaños ha celebrado en ese acto su reforma para modificar la carrera judicial y fiscal, que supuso el posicionamiento en contra de la mayoría de la magistratura. «Es la mayor convocatoria de jueces y fiscales de la historia de la democracia. A la vuelta del verano buscaremos los apoyos parlamentarios para poder aprobarla», ha asegurado. Además, ha dicho que si no se regulariza la situación de más de 1.000 jueces suplentes, provocaría «una sanción millonaria de la Comisión Europea».

En definitiva, lo que permitirán las reformas de Bolaños es que el 25% de los nuevos jueces y fiscales llegue al puesto a través del llamado cuarto turno, reservado para juristas de reconocido prestigio, y no por oposición. Además, cambia el sistema de acceso a la carrera judicial e introduce cambios en el sistema de elección de las salas de gobierno de los tribunales para garantizarse más jueces y fiscales afines.

También otorgaría al Fiscal General del Estado, estrechamente vinculado al Gobierno, la posibilidad de dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a policías autonómicas si, finalmente, se le entrega la instrucción de los casos.

Críticas de los jueces a la reforma

Las decisiones de Bolaños provocaron una huelga histórica de jueces «en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía». Los magistrados subrayaron que las reformas del político socialista afectaban «gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial».

«Posibilita un acceso discrecional arbitrario y perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre», incidían todas las asociaciones excepto las izquierdistas en un comunicado crítico. «Erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública», sentenciaban.

Además, también se criticó «la creación de un centro público de formación de opositores» con competencia en materia de becas que sea dependiente del Ministerio de Justicia. A ojos de los jueces, «conlleva un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo».