Begoña Gómez, en directo: el juez aplaza su declaración y la cita el 19 de julio

• Gonzaga Durán @Gonzagads92
• Actualizado a las: 05/07/2024 14:39

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Begoña Gómez Fernández, esposa de Pedro Sánchez, deberá volver a a pasar por el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla el próximo 19 de julio. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido aplazar la declaración de la mujer del presidente del Gobierno al alegar ésta que desconocía de qué se la acusaba en la demanda de Hazte Oír. Ante esta situación de indefensión, el titular del juzgado ha decidido citar a Begoña Gómez el 19 de julio.

OKDIARIO adelantó que el juez Peinado dictó tres escritos judiciales en los que calificaba a Begoña Gómez como «investigada». Multitud de voces salieron a decir que era un error y que formalmente la primera dama no estaba imputada. Sin embargo, tras el levantamiento del secreto de sumario se descubrió que en efecto, el juez cuando ponía «investigada» quería poner «imputada». En un auto expresamente explica que, aunque todavía no convenía llamar a Begoña Gómez a declarar, por garantías procesales le daba ese estatus a todos los efectos. A partir de ahí, su abogado intervino en las primeras declaraciones de testigos, las de los periodistas que publicaron informaciones sobre el caso.

¿Por qué se investiga a Begoña Gómez?

La investigación a Begoña Gómez se divide en realidad en dos casos. Por un lado, la relación de la esposa del presidente del Gobierno con Globalia, matriz a la que pertenece Air Europa, y que fue rescatada por el Ejecutivo por un importe de 475 millones de euros. La compañía aérea acabó siendo rescatada por el Ejecutivo el 3 de noviembre de 2020. Sánchez también participó en aquel Consejo de Ministros y votó a favor del rescate público pese a que el grupo Globalia había estado patrocinando actos del IE Africa Center de Begoña Gómez. Lo mismo ocurrió en el Consejo del 16 de marzo de 2021 que aprobó 320 millones para Avoris, agrupación de touroperadores del mismo grupo.

Por otro lado, las pesquisas del juez giran también en torno a los negocios de la mujer de Pedro Sánchez con la empresa Barrabés. La denuncia señala al empresario Carlos Barrabés que se hizo con 10 millones de euros a través de licitaciones públicas gracias a la mediación de Begoña Gómez mediante una carta de recomendación. Este empresario fue, además, el precursor del máster de Transformación Social Competitiva que organizó la denunciada. Tras ello, Begoña Gómez le fichó como profesor para los alumnos de la cátedra que imparte en la Universidad Complutense de Madrid.

Delitos que se le imputan a Begoña Gómez

Corrupción en los negocios

El delito de corrupción en los negocios implica penas de prisión de seis meses a 4 años. Consiste en el pago de dinero, sobornos y otros ofrecimientos económicos con el fin de asegurar la ejecución de un contrato o la obtención de ventajas competitivas frente a otras empresas, o en solicitar, aceptar o recibir dichos ofrecimientos.

Lo que se busca con esta infracción es proteger el bien jurídico de la competencia entre empresas, con el objetivo de que el mercado funcione de manera correcta y para que las empresas no puedan competir o tener éxito a través de sobornos. El delito de corrupción en los negocios está regulado en los artículos 286 bis y 286 quater del Código Penal. De los distintos tipos penales que hay, a Begoña Gómez le afectaría el delito de corrupción entre particulares.

En el delito de corrupción entre particulares, por el que el juez investiga a Begoña Gómez, existen dos subtipos: la modalidad pasiva y la modalidad activa. La modalidad pasiva es cuando se pide o se acepta un soborno. Queda regulado de la siguiente manera: «El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja».

La modalidad activa es cuando se realiza un soborno. «Con las mismas penas será castigado quien, por sí o por persona interpuesta, prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales», resalta el Código Penal.

Tráfico de influencias

El delito de tráfico de influencias implica penas de prisión de seis meses a dos años. Este delito consiste en lograr que una persona que ostenta un cargo público dicte una resolución a sabiendas de que está cometiendo un delito con el fin de lucrar al influenciador o a un tercero, que podría ser Begoña Gómez si el juez así lo considerara. El tráfico de influencias está regulado en los artículos 428 y 430 del Código Penal.

Se define de la siguiente manera: «El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior».

Con este delito se persigue un beneficio económico, aunque lo que se sanciona también es la influencia encaminada al dictamen de la resolución que vaya a dar luchar a dicha ganancia, como el juez investiga en el caso de Begoña Gómez.

Las penas que se pueden aplicar a alguien que haya cometido este delito van desde los seis meses hasta los dos años de cárcel, además de una multa «del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido». A esto hay que sumar Inhabilitación especial para empleo o cargo público de cinco a nueve años y la prohibición de contratar con el sector público y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los incentivos fiscales y de la Seguridad Social de seis a diez años.