Anticorrupción pide el archivo de la causa contra Aguirre en ‘Púnica’ como adelantó OKDIARIO

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga si el PP de Madrid tenía una caja B con la que financió campañas electorales que levante la imputación de la ex presidenta regional Esperanza Aguirre y de su sucesor Ignacio González, tal y como adelantó OKDIARIO en noviembre.

Este informe de Anticorrupción era uno de los últimos trámites que quedaban por completar de cara a que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, decida a qué imputados procesa y para cuáles archiva esta pieza separada número 9 de Púnica, cuya investigación concluyó el pasado enero. Finalmente la Fiscalía pide que Aguirre no esté entre los procesados.

La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de esta trama de corrupción por cuanto García Castellón intenta determinar si existió una caja B en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Hechos prescritos

La Fiscalía Anticorrupción ve claros indicios de falsedad electoral respecto a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2008, aunque estos estarían prescritos. El Ministerio Fiscal sí pide juzgar al antiguo gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, y a Francisco Granados, exconsejero y exsecretario general del partido en la comunidad de Madrid, por un delito electoral por los comicios autonómicos de 2011.

También ve Anticorrupción indicios de delito en los trabajos relacionados con la reputación online para diferentes cargos políticos. Por ello pide enviar al banquillo a la jefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, al exconsejero Borja Sarasola, al exportavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y al exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Asimismo, la Fiscalía solicita el procesamiento del informático Alejandro de Pedro por delitos de prevaricación y malversación.

Agenda de Granados

Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el cabecilla de la Púnica, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.

En el primer golpe de la Operación Púnica, ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.

De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones a dedo y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.

El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.