El abogado de Forn defiende a la Policía y la «renuncia voluntaria» del Govern a la independencia

El abogado del exconsejero de interior, Joaquim Forn, toma la palabra. Javier Melero explora la estrategia que ha sostenido durante la causa, una defensa netamente jurídica. Para hacer constar la diferencia, se manifiesta contundente en la primera ocasión: «Quien viene a defender a la policía aquí soy yo. A toda la policía. Que actuó bien y a la que no se está juzgando en esta Sala», recuerda con «humildad» al tribunal.

El letrado, sin embargo, ha cargado contra la «ineptitud» de los mandos policiales en el diseño de un operativo completamente «aberrante», que condujo a los agentes de las fuerzas de seguridad «a una situación endemoniada en la cual el cumplimiento del deber llevaba a un deterioro de su imagen pública». Pero ello -y que los superiores jerárquicos asignados al operativo de seguridad del Estado central y los responsables políticos no estuvieron a la altura- no puede llevar a demonizar la actuación de los agentes.

Melero ha querido dejar claro que «la actuación de la policía no es objeto de enjuiciamiento» ni los excesos de los que se la ha acusado «son asunto nuestro». Tampoco lo es proyectar la idea de que todo un cuerpo de la Administración catalana como los Mossos deba soportar la sospecha de la «deslealtad». El abogado de Forn considera que «los policías adolecieron de un gravísimo déficit de organización que fue pretendido y buscado».

Porque, añade, desde el 6 de septiembre «se intentó organizar una apariencia de coordinación con la policía autonómica, de la que ya se desconfiaba, para actuar de manera unilateral no con el objetivo de cumplir las resoluciones judiciales» sino con «el objetivo político de que aquello no pareciera un referéndum homologable».

En este sentido, se ha apoyado en la declaración del exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que habló de que los agentes cumplieron con el objetivo encomendado pero se ha preguntado «en qué se parece ese objetivo que Nieto dijo que se cumplió con las órdenes de jueces y fiscales»

Desmontando a la Fiscalía

Melero ha defendido a su cliente atacando los cuatro informes de la Fiscalía -no sin antes calificarlos de «brillantes»- que, como acusación, sustenta la «máxima» petición de pena para su representado.

La intervención del abogado comenzó con una respuesta contundente a la tesis del fiscal Javier Zaragoza, quien durante su alegato final señaló que lo sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 y, sobre todo, en los meses de septiembre y octubre de 2017, «es lo que en la terminología de Hans Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado». En opinión de Melero, sin embargo, únicamente se mencionó al jurista austriaco para «traer a los nazis a colación» y ello «contamina» el debate jurídico.

La renuncia voluntaria del Govern

Melero se ha empleado a fondo para demostrar que el Gobierno de la Generalitat «carecía de capacidad para imponer por la fuerza un marco normativo» determinado y además «no sólo no cortó las amarras y cedió ese poder, sino que tras el 27 de octubre de 2017 -fecha de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) – puso dicho poder «a disposición del Estado».

«Los únicos actos documentados son actos de abandono del poder. El Gobierno no realizó ninguna declaración de independencia y eso son hechos probados en la documental obrante» en la causa, sostiene Melero. «Cualquier consideración política que se derive de ello, no tiene relevancia para nosotros», aclara.

«De hecho», señala Melero, «lo que ocurrió el 27 de octubre ha merecido poco análisis por parte de las acusaciones y es muy llamativo porque el día 21 de octubre, la Fiscalía aseguró que si el 27 no se producía la declaración de independencia, no se interpondría una querella por rebelión». Algo que, en su opinión, no se ha mantenido desde el Ministerio Público. «Poco después de la aprobación de las leyes de desconexión, el Gobierno de la Generalitat incumple la proclamación de resultados y la declaración de independencia para que nada de lo que hicieron tuviese ninguna validez normativa», asegura el abogado.

Melero se pliega, no obstante, a la evidencia de reconocer que su cliente cometió desobediencia a las disposiciones del Tribunal Constitucional: «Cedo esa trinchera», ha dicho. No sin señalar que si bien el 20-S -jornada de registros y detenciones en toda Cataluña por orden de un juez de Barcelona- hubo desórdenes públicos y también «actos concretos minoritarios de resistencia a la autoridad». Esa no es la entidad y aptitud de la violencia que reclama el alzamiento público y violento del delito de rebelión.

«Los ciudadanos no estaban ejerciendo un derecho fundamental pero tampoco un ilícito penal», asegura Melero. Y para defender la idea se remite al hecho de que no se puede «compeler» judicialmente la actuación de los catalanes que acudieron a participar en el referéndum ilegal del 1-O.