Los técnicos fiscales lo tienen claro: una Hacienda catalana es «imposible, inconstitucional e inviable”

La Generalitat ha dado este lunes un paso más en la creación de una Agencia Tributaria Catalana (ATC) con el objetivo de suplantar todas las funciones de la Agencia Estatal (AEAT) en el caso de que se declare la independencia. Sin embargo, los técnicos fiscales agrupados en la asociación Gestha señalan que, a pesar de los esfuerzos del presidente autonómico, Carles Puigdemont, y de su número dos, Oriol Junqueras, una hacienda propia catalana con plenos poderes es “imposible, inconstitucional e inviable”.

Aunque el ejecutivo regional catalán asegura que está preparado para gestionar todos los tributos de forma independiente a partir del próximo uno de octubre la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) asegura que no podría liquidar impuestos de competencia estatal; es decir, jurídicamente no podría dar el paso de cobrar impuestos como el IRPF, el IVA o los Impuestos Wspeciales, cuyos ingresos van a parar a las autonomías, pero que le compete cobrar al Estado.

La Generalitat podría recaudar solo los impuestos propios, los únicos sobre los que tiene competencia, que puede crear, subir o bajar. El Estado le seguiría transfiriendo la parte correspondiente de la liquidación de otros tributos, que él recauda y reparte entre las autonomías según el sistema de financiación.

Puigdemont y Junqueras son conscientes de que estas limitaciones y, por eso, hasta ahora solo ha asumido el control del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), tributos cuya competencia esta cedida a las comunidades autónomas. Sin embargo esto no es una novedad en el territorio español, ya que en Canarias, Asturias, Baleares, Murcia o Navarra sus gobiernos regionales hace años que asumen la liquidación de los citados impuestos.

Como parte del órdago secesionista, la Agencia Tributaria Catalana asume ahora la gestión plena de estos impuestos, al hacerse cargo también de la recaudación ejecutiva de los impuestos propios y cedidos, es decir, al cobro de impagados. En la actualidad este organismo dispone de una plantilla de 700 personas, de los cuales casi una tercera parte son registradores que hasta ahora trabajaban liquidando precisamente los tributos cedidos y que aportan unos 2.900 millones de euros a las arcas autonómicas catalanas.

La asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que la Agencia Tributaria de Cataluña necesitaría ampliar su plantilla en más de 4.000 nuevos efectivos para poder asumir las competencias de los tributos estatales si se consumara la independencia. Aunque Puigdemont ha asegurado que la estructura territorial de su hacienda es suficiente para hacer frente a estas funciones, los técnicos fiscales advierten de que se requeriría un Plan de Empleo o de una Oferta de Empleo Público que sumara 4.234 nuevos miembros a la plantilla.

Por otra parte, Gestha destaca que con el despliegue de 32 oficinas de la ATC, la Generalitat apuesta claramente por la «descentralización», precisamente «al contrario» que la Agencia Estatal, «a pesar de que supone una ventaja a la hora de gestionar con efectividad los tributos por esa mayor proximidad al ciudadano y al conocimiento de los hechos imponibles».

Gestha señala que hasta ahora la ATC cumple con la normativa fiscal y competencial vigente en España, especialmente después de que se modificara su estructura de acuerdo con los principios del Código Tributario de Cataluña, que se aprobó el pasado mes de julio, dentro de las posibilidades que permite la Ley General Tributaria  y la normativa que regula el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades con estatuto de autonomía.

Precisamente, este Código se redactó como un calco de la normativa estatal para evitar que se declarase inconstitucional y así pudiera salir adelante, aún con el rechazo de toda la oposición del Parlamento Catalán. Lo mismo que sucede con la Agencia Tributaria catalana, que presenta pocas novedades respecto a la estructura de la AEAT.