El sector financiero teme que Calviño colonice el consejo de gobierno del Banco de España

El sector financiero teme que la vicepresidenta Calviño pueda romper el equilibrio político con el que siempre ha funcionado el consejo de gobierno del Banco de España, según el cual una parte de sus miembros se ha pactado tradicionalmente con la oposición cuando llega la hora de renovar los mandatos. Pero esto no ha ocurrido así cuando recientemente Calviño designó nuevos consejeros del banco a Carlos Manera, ligado al Partido Socialista de Baleares, y a Luis Serven, también próximo al Gobierno.

El pacto de caballeros que ha venido funcionando en relación con el banco emisor establecía tácitamente que los consejeros tuvieran un currículum objetivamente adecuado, que hubiera contactos con la oposición a fin de consensuar los nombramientos, y que de los seis que componen el consejo de gobierno tres fueran a sugerencia del Ejecutivo, dos a instancias de la oposición y el último procedente del ámbito del nacionalismo catalán, aunque el terremoto político que vive Cataluña desde hace años haga prácticamente irreconocible qué partido debería ser el interlocutor válido a estos efectos.

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el aspecto clave -la calidad profesional y técnica de los consejeros- se cumple actualmente y que los dos últimos que ha nombrado Calviño, aunque próximos al Gobierno, tienen una trayectoria profesional irreprochable. Pero el hecho evidente es que los seis consejeros actuales, cinco responden a sensibilidades cercanas al Ejecutivo -además de los citados, Carmen Alonso, Nuria Mas y Soledad Núñez- por sólo uno situado en el ámbito de la derecha: Fernando Eguidazu.

Y aquí es donde puede surgir el problema, porque Eguidazu cumple su mandato en febrero de 2023, y aunque puede ser renovado por otro periodo de más de seis años, esta posibilidad está en el aire. Si la vicepresidenta Calviño sigue el criterio que ha empleado hasta ahora, prescindiendo de cualquier consulta con la oposición, puede suceder que sitúe otra pieza más de su agrado en el tablero. Y lo mismo puede ocurrir en el caso de Carmen Alonso, cuyo mandato también expira a principios del año próximo. «Nos parece que para conservar el prestigio del Banco de España, lo lógico es que se respetara la regla no escrita de pactar los nombramientos con la oposición y que se mantuviera el equilibrio de poderes», aseguran las fuentes del sector financiero consultadas.

El órgano de gobierno principal del Banco de España es la comisión ejecutiva, de la que forman parte Soledad Núñez (vinculada al Partido Socialista y persona muy cercana al ex ministro de Industria con Zapatero Miguel Sebastián) y Fernando Eguidazu, al que se puede considerar vinculada al Partido Popular. La preside desde luego el gobernador, Pablo Hernández de Cos, que realmente goza de una autonomía prácticamente total, y de ella forman igualmente parte los directores generales de la institución, con voto pero en este caso sin voto.

Aunque desde el establecimiento del Banco Central Europeo los bancos de los países miembros han perdido su poder en el diseño de la política monetaria y en el control de las entidades financieras nacionales, todavía conservan muchas de sus anteriores por delegación. Toda la supervisión e inspección bancaria está a su cargo, así como la fijación de los eventuales colchones de capital para el caso de que se produzca un crecimiento excesivo del crédito, como sucedió en la crisis de 2008.

Por otra parte, y esto es muy importante, el informe anual del Banco de España -con sus previsiones económicas y sus recomendaciones correspondientes- debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno. En los dos últimos ejercicios, dicho informe ha sido muy crítico con la política del Ejecutivo de Sánchez y sus proyectos de presupuestos, así como con otras decisiones como la revalorización de las pensiones según la inflación o la subida del salario mínimo interprofesional y su impacto negativo sobre el empleo. El informe ha venido exigiendo invariablemente al Gobierno que presente un plan creíble de consolidación fiscal a medio plazo, que debería pasar por una reducción paulatina del gasto a fin de recortar el actual peso excesivo de la deuda pública sobre el PIB.

Estos planteamientos han suscitado los reproches de la vicepresidenta Calviño y la crítica acerba de alguno de los miembros destacados del equipo de Sánchez, en particular del ministro de Seguridad Social, Inclusión Social y Migraciones, José Luis Escrivá, antiguo funcionario del banco central, que ha acusado explícitamente al gobernador de inmiscuirse en un terreno que no le es propio. «Sería una pena que la ruptura del equilibrio político en el consejo del Banco de España le impidieran ejercer como hasta ahora su independencia de criterio y su labor de contrapeso al Gobierno», indican las fuentes consultadas.

A pesar de la importancia del asunto, el Partido Popular no ha mostrado interés hasta la fecha por los planes de renovación en el consejo de gobierno del Banco de España, ni ha sido requerido por la vicepresidenta Calviño al respecto.