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Economía
Seguridad Social

Sebastián Ramírez, experto en derecho laboral: «Las hernias discales y los dolores lumbares dan derecho a una incapacidad permanente»

  • Janire Manzanas
  • Graduada en Marketing y experta en Marketing Digital. Redactora en OK Diario. Experta en curiosidades, mascotas, consumo y Lotería de Navidad.

Una de las dudas más habituales entre los trabajadores que solicitan una pensión por incapacidad permanente es creer que padecer determinadas enfermedades garantiza automáticamente el acceso a esta prestación. Sin embargo, el diagnóstico médico no es el único criterio que se tiene en cuenta para concederla. De hecho, dos personas que sufren una misma patología pueden recibir respuestas distintas, dependiendo de cómo afecte a su capacidad funcional y de las características de su puesto de trabajo.

La Seguridad Social establece cuatro grados de incapacidad permanente. La parcial da derecho a una indemnización equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora; la total supone, en líneas generales, el 55 % de dicha base, que puede aumentar al 75 % en su modalidad cualificada para mayores de 55 años. La absoluta alcanza el 100 % de la base reguladora, mientras que la gran incapacidad incorpora un complemento económico para cubrir la necesidad de asistencia de otra persona en actividades básicas de la vida cotidiana.

Enfermedades que dan derecho a una incapacidad permanente

El artículo 193.1 de la Ley General de la Seguridad Social determina que «la incapacidad permanente contributiva es la situación de la persona trabajadora que, después de haber estado sometida al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral de la persona incapacitada, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

El requisito de haber estado sometido previamente al tratamiento prescrito podrá no ser exigible en aquellos supuestos en los que, atendiendo a las características de la patología de la persona trabajadora, el estadio de la enfermedad, su previsible evolución, y la gravedad de las reducciones anatómicas y funcionales, éstas queden suficientemente objetivadas y sean previsiblemente definitiva».

Sebastián Ramírez, abogado laboralista conocido en las redes sociales como «Leyes con Sebas», señala dos dolencias que pueden dar lugar al reconocimiento de una pensión por incapacidad permanente: «las hernias discales dan derecho a una pensión por incapacidad permanente y también los problemas lumbares que afectan a muchísima gente».

Sin embargo, para determinar si estas patologías permiten acceder a la prestación es necesario valorar diferentes circunstancias, ya que las características del puesto de trabajo pueden tener tanto o más peso que el propio diagnóstico médico. «Y es que los problemas que afectan a la movilidad dan derecho a una pensión por incapacidad permanente cuando realmente no te dejan ir a trabajar o no te permiten moverte con total libertad, como podemos ver por aquí», explica.

«Una persona que tiene una hernia discal o unos problemas lumbares es la única que puede llegar a entender cómo esa dolencia le afecta a su vida diaria, desde levantarse de la cama, ir a caminar, ir a su puesto de trabajo, ir a cocinar o hacer la compra», afirma. Por este motivo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) también debe valorar las tareas que realiza habitualmente el trabajador y hasta qué punto sus dolencias le impiden desarrollarlas.

El abogado también hace referencia a las reclamaciones judiciales, una vía a la que pueden recurrir los trabajadores cuando la Seguridad Social deniega inicialmente la incapacidad permanente. En ocasiones, los tribunales pueden reconocer el derecho a recibir la prestación después de estudiar las limitaciones funcionales y las pruebas médicas aportadas. «En esos casos, evidentemente, no puedes trabajar. Para ello está pensada la figura de la pensión por incapacidad permanente, que la Seguridad Social suele rechazar, pero que la Justicia, mediante un juez y con los informes y todo bien acreditado, acaba reconociendo al trabajador», indica.

Por último, insiste en la importancia de preparar correctamente la solicitud y reunir toda la documentación que permita demostrar cómo afectan las patologías a la capacidad laboral. «Por eso, es muy importante ir siempre bien asesorado por un abogado, con un letrado o con alguien que sepa del tema y te pueda ayudar», concluye.

Cuantía en 2026

La cuantía mínima que perciben los beneficiarios de una pensión por incapacidad permanente en 2026 varía en función del grado de invalidez, la edad del titular y su situación familiar. En el caso de la gran incapacidad, la cantidad asciende a 26.385,80 euros anuales cuando existe un cónyuge a cargo, frente a los 19.660,20 euros si no tiene cónyuge y los 18.662 euros si lo tiene, pero no depende económicamente de él.

Para las pensiones por incapacidad permanente absoluta, el mínimo se sitúa en 17.592,40 euros anuales con cónyuge a cargo, 13.106,80 euros sin cónyuge y 12.441,80 euros con cónyuge no a cargo. Estas mismas cantidades se aplican a los titulares de una incapacidad permanente total que hayan cumplido 65 años.

Por su parte, cuando el beneficiario de una incapacidad permanente total tiene entre 60 y 64 años, las cuantías mínimas son de 17.592,40 euros anuales con cónyuge a cargo, 12.262,60 euros si vive solo y 11.590,60 euros cuando tiene cónyuge, pero no está a su cargo.