Sacyr pide en un juzgado de EEUU anular un arbitraje de 260 millones de euros por el Canal de Panamá

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 12/03/2024 06:45
  • Actualizado: 12/03/2024 08:56

Sacyr no ha cerrado la batalla con el gobierno local por los arbitrajes en la megaobra de la ampliación del Canal de Panamá. Sacyr ha pedido en la Corte Suprema de Estados Unidos la anulación de un laudo arbitral emitido por la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Miami, que le condena a pagar 260 millones al Gobierno panameño (285 millones de dólares). Sacyr argumenta que los árbitros que emitieron ese laudo ocultaron relaciones profesionales que podrían significar su «falta de parcialidad». Fuentes de Sacyr no han querido hacer comentarios sobre este asunto.

Sacyr no ha dado por perdida esta batalla judicial después de que en agosto pasado un tribunal civil, el Undécimo Circuito, rechazara su petición de anular un laudo por valor de 260 millones. La compañía ha pedido en la Corte Suprema de Estados Unidos que se revise esa decisión porque la constructora española y su socio en esta obra, la italiana Webuild, consideran que hay motivos suficientes para ello debido a la imparcialidad de los árbitros.

Las constructoras, que completaron la ampliación del Canal de Panamá en tiempo y forma en 2016, consideran que el hecho de que los árbitros no revelaran varios nombramientos cruzados lucrativos y las relaciones existentes entre ellos es motivo suficiente para justificar la anulación del laudo. Sacyr y Webuild insisten en que la justicia civil está dividida sobre este asunto -con sentencias a favor y en contra- y piden que sea este tribunal norteamericano quien decida y anule esos laudos por parcialidad.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), empresa pública que gestiona la infraestructura, considera que esas relaciones entre los árbitros son habituales y no muestran ningún tipo de parcialidad. Se espera que el tribunal norteamericano pueda emitir un veredicto a finales de este mismo mes de marzo, según señala el portal law360.com.

El Canal de Panamá es una de las mayores obras de ingeniería de este siglo. La ampliación en una tercera esclusa del canal tuvo un coste final de más de 5.000 millones de euros y Sacyr y Webuild completaron la obra a tiempo en mayo de 2016. Como es habitual en todas las obras de esta magnitud, las diferencias con el contratista por los sobrecostes de la obra ha llevado a ambas partes a iniciar varios arbitrajes con reclamaciones millonarias ante distintos organismos.

En Sacyr han dado por finalizado todo lo relativo a esta obra, aunque quedan algunos pendientes de resolución. Manuel Manrique, presidente de Sacyr, avanzó en la presentación de resultados de 2023 que este capítulo estaba cerrado con una provisión de 104 millones de euros.

En su informe financiero, la compañía asegura que ha recuperado hasta la fecha 121 millones de dólares en reclamaciones. «La estimación del grupo Sacyr del valor recuperable de las reclamaciones presentadas por GUPC al cierre de 2023 asciende a este último importe mencionado como ya recuperado», señala Sacyr sobre el Canal de Panamá.

Mientras, el experto contratado por la constructora para calcular los fondos que puede recuperar por los arbitrajes, DFL Associate Ltd, ha cifrado en 1.565 millones de dólares la cantidad que puede recuperar Sacyr, incluidas las ya cobradas.

Pero en la constructora miran ya hacia otros países y hacia otras grandes obras. La española está cerca de formar parte de otra gigantesca obra de ingeniería, la construcción del Puente de Messina, en Italia, que unirá Sicilia con la península a través un puente de más de tres kilómetros. Tendrá un coste de 12.000 millones de euros y Sacyr tiene un 18,5% de la empresa que la va a llevar a cabo. Su socio italiano en Panamá, Webuild, es el socio mayoritario.

Esta obra ya ha sido aprobada por los técnicos y sólo falta el visto bueno del Gobierno de Giorgia Meloni en Consejo de Ministros. El Ejecutivo italiano ya ha reservado los primeros 700 millones para empezar la obra este mismo verano, pese a la oposición de los ecologistas. El ministro de Transportes, Matteo Salvini, es su principal impulsor.