La prórroga hasta 2026 de la prohibición de desahucios disparará el precio de los alquileres

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 28/12/2024 06:45
  • Actualizado: 28/12/2024 06:45

Esta semana el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley ómnibus que, entre otras muchas cosas, prorroga un año más (hasta 2026) la prohibición de desahucios para familias que viven en alquiler consideradas «vulnerables». Esta medida no sólo prolongará el sufrimiento de los propietarios con su vivienda okupada, sino que restringirá aún más la oferta de alquiler y, con ello, presionará más aún los precios al alza.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez adoptó esta «moratoria» en 2020 a causa de la pandemia, y posteriormente la ha ido prorrogando cada año con todo tipo de excusas. En esta ocasión, el BOE explica que la medida busca «atender a la realidad social y económica de los hogares en el contexto del proceso de mitigación de la dinámica inflacionista y de la prolongación de las consecuencias de la situación internacional». Es decir, se sigue escudando en la inflación -pese a su reducción en 2024- y en la guerra de Ucrania.

En realidad, no son más que excusas para justificar un pacto con Podemos alcanzado la semana pasada a cambio de que el partido morado votara a favor de la Ley de eficiencia judicial del PSOE en el Congreso. Se trata de una norma que pretende agilizar los trámites judiciales, entre ellos los desahucios de alquiler y lanzamientos por impago de la hipoteca. De ahí la exigencia de Podemos de que, a cambio, se prolongue la moratoria.

La norma prorrogada permite que los inquilinos que han dejado de pagar el alquiler (inquiokupas) «insten un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva».

Para que se le considere vulnerable, el inquiokupa debe cumplir alguna de estas condiciones, entre otras: ser víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y encontrarse en desempleo o tener unos ingresos bajos. No obstante, no hay un baremo estricto, sino que son los servicios sociales los que determinan la situación de vulnerabilidad.

Menos oferta en alquiler

«Esta prórroga hará que cada vez menos gente se atreva a poner en alquiler sus pisos, ya que, si el inquilino deja de pagarle y se declara vulnerable, no sabe cuándo podrá recuperar su propiedad. Porque van cinco años de moratoria de desahucios del alquiler y presumiblemente se seguirá prorrogando todos los años mientras Sánchez siga en el Gobierno», explica un profesional del mercado inmobiliario.

Porque la alternativa de que las administraciones públicas ofrezcan una «solución habitacional» no la contempla nadie. Sánchez aún no ha entregado ni una de las viviendas públicas que ha prometido en reiteradas ocasiones y tampoco se espera que lo haga la nueva inmobiliaria pública anunciada recientemente.

Otra fuente del sector añade que «va a ser imposible encontrar a alguien que quiera alquilar su piso a familias con hijos menores, porque, en esos casos, el riesgo de impago y de no poder desahuciar es máximo. Lo cual, paradójicamente, es lo contrario de lo que debería proteger el Gobierno, ya que las familias con hijos son las más necesitadas de una vivienda».

En cualquier caso, todos los expertos coinciden en que la consecuencia inevitable de esta medida es que el precio del alquiler seguirá al alza en 2025, en especial en las grandes ciudades. Según Idealista, el alquiler subió el 11,1% en noviembre respecto al mismo mes de 2023 hasta 13,3 euros por metro cuadrado como media.

Madrid y Barcelona destacan como las ciudades con mayor incremento en los precios, con subidas del 15,5% en la capital madrileña y del 14,4% en la ciudad condal.