Peor que Venezuela: España acumulará el 50% de las demandas internacionales en 2024 por las renovables

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 30/05/2024 16:49
  • Actualizado: 30/05/2024 16:49

España será el país con más procedimientos abiertos por demandas internacionales del sector empresarial, más que Venezuela y sus famosos incumplimientos o que Argentina y la persecución de los ‘fondos buitre’. Y será el más demandado porque el Gobierno no quiere negociar y porque su argumento en muchos de estos pleitos está siendo no darse «por enterada de las obligaciones que se le imputan». Evidentemente, desde el CIADI -Corte de Arbitraje Internacional-, no han cedido a este tipo de argumentarios, y están fallando a favor de las distintas empresas demandantes en sus laudos. De hecho, aquellos que ha ganado España ha sido por desistimiento, no porque la propia Corte les diera la razón.

Venezuela, que acumula el 25% de incumplimiento de este tipo de laudos, está llegando a distintos acuerdos forzosos, y está viendo cómo los embargos en Estados Unidos de algunas de sus cuentas van a parar a las compañías que ganaron esos laudos. Y España va, lamentablemente, por el mismo camino.

Actualmente su cuota de incumplimiento es del 26% -que ya es la mayor del mundo-, pero el escenario de continuar con la negativa a negociar con las empresas de renovables le llevará en menos de un año a representar la mitad de los incumplimientos internacionales.

Laudos renovables

El Gobierno viene perdiendo los laudos arbitrales, o no reconociendo lo que los mismos dictan, desde que arreciaron las demandas tras el cambio de regulación de las primas a la inversión renovable en España, pero no reconoce los dictámenes y, por lo tanto, no lo paga. El montante que exigen las compañías, entre perjuicios, ausencia de concesiones, impuestos y daños ocasionados ronda los 10.000 millones de euros, aunque las reclamaciones iniciales son de 1.5000 millones.

Desde las distintas compañías aseguran que están dispuestos a llegar a un acuerdo, pero que el Gobierno, a través de la ministra Teresa Ribera, ni siquiera se sienta a dialogar.

Embargos ante la falta de negociación

Entretanto, un tribunal británico ha ordenado el embargo de 800.000 euros en cuatro cuentas estatales en Reino Unido que poseía hasta ahora el Instituto Cervantes en ese país. La decisión judicial ha sido adoptada por la Alta Corte de Justicia de Inglaterra. Además, en Australia se espera que la justicia autorice el embargo de bienes de Navantia en aras del pago de un laudo vencido porque el que Ribera tampoco ha querido responder.