Parece de película pero es real: detienen a un agricultor por plantar nectarinas y le multan con 300.000 euros

• Ángel Pérez
• Soy Ángel Pérez y estoy recién titulado en Periodismo por la Universidad Europea de Madrid y con un máster de Periodismo Deportivo en la Universidad Villanueva.
• • 06/04/2026 12:06
  • Actualizado: 06/04/2026 12:06

La Guardia Civil detuvo a un agricultor en Lérida en junio de 2025 por un supuesto delito contra la propiedad industrial, por la producción, comercialización, venta, posesión, reproducción y multiplicación de una variedad vegetal protegida de nectarinas.

El proceso consistía en copiar y modificar, a través de injertos o inoculaciones, variedades de plantas protegidas sin el permiso de sus dueños. Esto se hacía en tres de un total de 5.000 árboles, que fueron tratados sin pagar la tarifa correspondiente a los propietarios.

La investigación empezó en febrero de ese mismo año y condujo a una plantación de una empresa agrícola de la comarca del Segriá. Allí, se tomaron unas muestras que revelaron coincidencias con las variedades protegidas con idéntico perfil de ADN de la nectarina ‘nectadiva’, informó en un comunicado la Benemérita. Es una variedad con características específicas en cuanto a sabor, textura, resistencia a enfermedades y capacidad de conservación, que la hacen especialmente valorada en el mercado europeo.

La nectarina es una de las frutas más producidas en el país, con Cataluña, Aragón, Murcia y Extremadura a la cabeza, al ser perfecta para tomar como postre y en ensaladas o hacer con ella mermelada o zumos.

Declaración del «agricultor» de nectarinas

El detenido quedó en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales. La patente de ese tipo concreto de nectarinas pertenece a la empresa francesa Agreo Selections Fruit. La Guardia Civil ha informado de que el proceso «consistía en reproducir y acondicionar, a través de injertos o inoculaciones, variedades vegetales protegidas sin el consentimiento de los propietarios de esos títulos de protección».

Estos delitos pueden llegar a ser considerados un delito contra la propiedad industrial, que, tal y como recoge el artículo 274.4 del Código Penal, puede suponer una multa de aproximadamente 288.000 euros y una condena de uno a tres años de prisión para el agricultor.