Meloni aplaza a 2026 el Puente de Messina, participado por Sacyr, tras el ‘no’ del Tribunal de Cuentas
El Gobierno italiano mantiene su defensa del proyecto y que lo desarrolle la empresa en la que participa Sacyr con un 22,4%
Varapalo del Tribunal de Cuentas italiano a la megaobra de construir el Puente de Messina, un proyecto de 13.500 millones de euros en el que participa la española Sacyr con el 22,4% de la compañía adjudicataria. Pero el Gobierno que preside Giorgia Meloni ha reiterado su apuesta por el proyecto y ha anunciado que responderá punto por punto a las objeciones que ha puesto al proyecto el Tribunal de Cuentas. Sí ha aplazado a febrero a 2026 el inicio de las obras, que tenía previsto empezar este mes de noviembre.
Es la única consecuencia que asegura el Gobierno italiano que va a tener la dura negativa del Tribunal de Cuentas a dar su visto bueno al proyecto, hecho público el jueves a última hora de la noche tras una maratoniana reunión de nueve horas.
Porque Meloni y el ministro de Transportes, Matteo Salvini, han prometido responder una por una a las cuestiones del Tribunal de Cuentas y sacar el proyecto adelante. Para la constructora presidida por Manuel Manrique sería un espaldarazo más en su negocio en Italia, donde ya tiene importantes concesiones. Además, volvería a poner el nombre de Sacyr en otra de las obras más emblemáticas a nivel mundial, tras liderar la ampliación del Canal de Panamá.
El proyecto del Puente de Messina es un viejo anhelo de Italia que ha estado parado durante años, hasta la llegada al poder de Meloni. La nueva infraestructura unirá la isla de Sicilia con la península italiana a través de un puente de casi cuatro kilómetros sobre el mar, que contará también con líneas de ferrocarril.
El Gobierno de Meloni decidió renovar la adjudicación de esta obra a la sociedad Eurolink, que ya había ganado el concurso en 2005, empresa controlada mayoritariamente por la constructora italiana Webuild y participada por Sacyr. Además, el Ejecutivo transalpino elevó el coste de la obra de 10.000 a 13.500 millones.
Y esta es la gran preocupación del Tribunal de Cuentas, que se haya cumplido la ley al renovar esa concesión sin haber lanzado un concurso nuevo -que había retrasado los plazos-. Porque, según la norma europea, dice este Tribunal, al elevar el coste del proyecto sobre la licitación inicial en esas cantidades era necesario abrir un nuevo concurso, no ratificar a los ya ganadores en 2005.
Además, al Tribunal de Cuentas le preocupa la cobertura de la financiación y las cifras de ingresos y tráfico previstos.
Pero el Gobierno de Meloni, aunque en las últimas horas ha moderado sus críticas al Tribunal de Cuentas por oponerse a un proyecto «estratégico de país y único en el mundo», está decidido a defender el Puente de Messina y, pese al varapalo, se ha limitado a aplazar unos meses el inicio de la obra. «Detenernos sería absurdo», ha dicho Salvini al Corriere della Sera.
La reacción inicial del Gobierno italiano fue atacar duramente a los magistrados del Tribunal de Cuentas. Ahora han moderado esas críticas y han anunciado que esperarán a que en los próximos 30 días este organismo publique el informe en el que detalla los argumentos de su negativa a aprobar el proyecto.
A partir de ahí, aseguran, contestarán a todas las objeciones y volverán a aprobar el proyecto en Consejo de Ministros. Y, en febrero, inicio de las obras. La empresa constructora ya había empezado a reclutar trabajadores para empezar con los movimientos de tierras.
El Tribunal de Cuentas era el último escollo que quedaba para empezar la construcción de esta infraestructura, después de que hubiese superado ya los informes previos del Medio Ambiente.
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