Indra celebra el consejo sobre la compra de Escribano por más de 1.000 millones con amenaza de dimisiones
Indra celebra este jueves un consejo de alta tensión para aprobar la compra de la empresa familiar de su presidente, Escribano Mechanical & Engeneering. Una compra que Ángel Escribano pretende valorar por encima de 1.000 millones, pero que cuenta con la oposición de parte del consejo y, por ello, podrían producirse nuevas dimisiones.
La compra de Escribano podría suponer un delito de administración desleal, del que serían responsables todos los miembros del consejo. De ahí que varios no quieran asumir ese riesgo. Los primeros en abandonar el barco fueron Luis Abril y Javier García, y ahora otros pueden ir detrás.
El que ha mostrado una oposición más clara a la operación es Jokin Aperribay, presidente de SAPA Placencia -cuya representación ostenta en el consejo de Indra como dominical- y de la Real Sociedad. Este rechazo puede sumar también a tres consejeras independientes: Coloma Armero, Belén Amatriain y María Ángeles Santamaría (las dos primeras acaban su mandato este año, con lo que no necesitarían dimitir, sino que bastaría con no presentarse a la renovación).
A favor de la operación votarán los representantes de la SEPI (Miguel Sebastián, Juan Moscoso y Antonio Cuevas) y el consejero delegado José Vicente de los Mozos, proveniente de la etapa de Marc Murtra en la presidencia.
El voto decisivo recaerá en los restantes consejeros, con la exclusión de los hermanos Escribano, que deben abstenerse por razones obvias. Estos relevaron a Abril y García por los independientes Eva Fernández y Oriol Pinya, que se espera que también voten a favor de la compra.
Campeón de defensa
Los hermanos Ángel y Javier Escribano pretenden que Indra adquiera su empresa con el argumento de construir un campeón nacional de defensa que pueda aprovechar el incremento del gasto militar en Europa impuesto por la OTAN. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esa compañía es la tenedora del 14,3% de Indra, que Escribano ha ido comprando para apoyar al Gobierno tras la toma de control de la empresa por la SEPI en 2022.
Es decir, si se completa la operación, Indra estará comprando sus propias acciones, lo que «puede meterle en un problema porque dispararía su autocartera más allá de lo que permite la ley», según fuentes conocedoras de la situación. Además, Indra asumiría la deuda con la que Escribano ha adquirido este paquete (inicialmente, un crédito de 190 millones de JP Morgan), lo cual iría en contra de los intereses del resto de sus accionistas.
A esto hay que sumar la citada valoración, que Escribano cifra en más de 1.000 millones y cuya justificación es más que discutible, puesto que debe basarse en el negocio recurrente de la compañía y no en el valor de las acciones de Indra, que asciende casi a esa cifra tras la subida de ayer. Indra ha encargado a AZ Capital un estudio de esa valoración, según informó El Confidencial.
Todo lo anterior puede constituir el citado delito de administración desleal. De hecho, algunos miembros del consejo se han planteado no sólo dimitir si la operación es aprobada, sino también demandar al presidente de la empresa, precisamente para certificar por completo su alejamiento de esta decisión.
Cabe recordar que el consejo en su conjunto es responsable de los posibles delitos cometidos por una empresa y que los miembros individuales del mismo deben responder con su patrimonio personal a las eventuales indemnizaciones.
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