Hacienda debe a los ciudadanos 40.400 millones en más de 230.000 demandas acumuladas

El número de reclamaciones tributarias a Hacienda se ha situado ligeramente por encima de 230.000, mientras que la deuda pendiente de cobro gestionada por la Agencia Tributaria alcanzó, a cierre de 2022, los 40.421,2 millones de euros, a lo que habría que añadir unos 12.145 millones de euros como suma de indemnizaciones que ha de afrontar el Estado por sentencias judiciales adversas.

Íñigo Fernández de Mesa, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, ha presentado durante una rueda de prensa el informe El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas, que está elaborado por un grupo de diecisiete expertos configurado por catedráticos de Derecho Financiero y Tributario y profesionales de prestigio en el sector.

En este informe se pone de manifiesto el problema de la litigiosidad tributaria que afecta «gravemente» a la competitividad, a la vez que se insta a implementar un conjunto de medidas alternativas que favorezcan una resolución ágil de conflictos con Hacienda y que den rendida respuesta a los principios de eficacia, simplificación y seguridad jurídica.

Según este análisis, aproximadamente una cuarta parte de los recursos de reposición fueron estimados totalmente a favor del contribuyente en todo o en parte. Del resto de los recursos, en torno a un 26% fueron considerados totalmente en la vía económica-administrativa y, de los desestimados en esta etapa, aproximadamente el 32%, finalmente se estimaron en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por tanto, más de un 60% del total de las liquidaciones tributarias recurridas a Hacienda son estimadas totalmente, lo que es un indicativo de la existencia de fallos en la Administración, y reflejo de un problema que acrecienta la litigiosidad, ya que recurrir termina resultando favorable al contribuyente en un número muy elevado de casos.

La litigiosidad supone casi un 21% a Hacienda

De esta forma, en términos cuantitativos, la deuda pendiente de cobro gestionada por la AEAT alcanzó los 40.421,2 millones de euros en 2022, a lo que habría que añadir unos 12.145 millones de euros como suma de indemnizaciones que ha de afrontar el Estado por sentencias judiciales adversas. Así, la litigiosidad supone casi un 21% del total de los ingresos tributarios recaudados en este ejercicio, lo que refleja la «complejidad y el volumen del problema», según los expertos.

Según el informe, el sistema tributario español presenta una mayor discrepancia en la interpretación y aplicación de la norma entre la Administración y el sujeto pasivo. Estas discrepancias de interpretación de la norma se ponen de manifiesto durante las actuaciones de comprobación e investigación realizadas por la Agencia Tributaria mediante los departamentos de gestión e inspección.

Por otra parte, los expertos coinciden en que la litigiosidad se ve acrecentada por un esquema sancionador del sistema tributario que supone la imposición, casi automática, de sanciones cuando se produce una falta de ingreso, sin tener en cuenta la existencia de errores menores sin intención fraudulenta que pudieran eximir de dicha sanción.

En este sentido, el Tribunal Supremo, en su reciente sentencia número 520/2025, de 7 de mayo de 2025, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha reiterado que no es posible imponer sanciones de manera automática cuando se produce una falta de ingreso de un tributo considerando que la Administración siempre debe acreditar y motivar la culpabilidad en la conducta del contribuyente y, si no lo hace, debe prevalecer la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución, tal y como había sido marcado por jurisprudencia consolidada, y no, por lo tanto, exoneración de sanción alguna.