El Gobierno enviará la Ley de Vivienda para su tramitación parlamentaria en diciembre

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció que llevará en diciembre al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda para su aprobación y para su posterior tramitación parlamentaria, según ha avanzado esta tarde en el Senado. Sánchez ha confirmado que también en diciembre llevará al Consejo de Ministros el nuevo plan estatal de acceso a la vivienda (2022-2025), que incluirá medidas especiales para los jóvenes.

Además aprobará un acuerdo con las líneas generales, criterios y requisitos de la línea ICO para dar cobertura parcial a la financiación de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética, por el que se podrán conceder avales por un importe máximo de 1.100 millones de euros.

Asimismo en diciembre la ministra comenzará a suscribir convenios de colaboración con las comunidades autónomas para impulsar la rehabilitación de los edificios públicos autonómicos con los fondos europeos destinados a ello. En materia de transportes e infraestructuras, Sánchez ha renovado su compromiso de llevar al Consejo de Ministros antes de que acabe el año la nueva ley de movilidad sostenible para su primera lectura, así como la versión final de la estrategia de movilidad.

En su comparecencia ha reafirmado su voluntad de «iniciar un diálogo transparente con los grupos políticos, agentes sociales y la administración sobre el futuro y la sostenibilidad de la red de carreteras del Estado», aunque en este caso no ha puesto fecha al compromiso. A ese respecto, el portavoz del PP en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Martín Bernabé, le ha trasladado un decálogo de razones para que «reflexiones, rectifique y revoque su decisión de cobrar peajes a los españoles».

Algunas de esas razones son: que se trata de una decisión unilateral, que supondrá una pérdida de competitividad en el transporte y un aumento general de precios de todos los bienes de consumo, que traerá una merma significativa del poder adquisitivo de los españoles, que representa un ataque a la economía de la España despoblada y que afecta al principio de igualdad entre los ciudadanos.

La ministra ha vuelto a defender que es necesario introducir un sistema de tarificación (peajes) en las carreteras de alta capacidad, como tienen 25 de los 28 países de la UE, para asegurar su adecuada conservación y mantenimiento y mejorar la seguridad vial y la sostenibilidad ambiental.

Ha reprochado al PP el déficit acumulado de 2.000 millones de euros en conservación y mantenimiento y ha dicho que el Gobierno actual no puede «girar la cara, dar la espalda a este problema y seguir acumulando un déficit que pone en riesgo las condiciones óptimas de nuestra red de infraestructuras».

«No es responsable mantener un sistema ineficiente e injusto, basado en prórrogas de alargamiento de autopistas de peajes, que ha generado un gran agravio territorial y discriminación de los ciudadanos según donde vivan», ha argumentado. Tras asegurar que no se ha «planteado ningún modelo todavía», ni se ha «definido nada», ha pedido a los ‘populares’ que «sean responsables y rigurosos y recuperen la cordura que les hizo plantearse éste como un buen sistema para el mantenimiento de las infraestructuras». En esa línea, ha vuelto a ofrecer un debate «sereno, leal, responsable y riguroso con todo el mundo: partidos políticos, agentes sociales, sector de los transportistas y administraciones competentes, para buscar un modelo que permita conseguir los objetivos».